El Gobierno del Estado de México lanzó este lunes la campaña ¡Di No al Coyotaje!, con la que busca erradicar la práctica de cobros irregulares e intermediarios en trámites oficiales. A través de la Oficialía Mayor, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la administración estatal advirtió que ningún servidor público está facultado para solicitar pagos, dádivas o favores a cambio de gestionar o agilizar procedimientos administrativos, y que quien lo haga se expone a sanciones tanto administrativas como penales. Durante años, el coyotaje se instaló como una práctica casi normalizada en las oficinas de gobierno: alguien que “conoce a alguien”, que sabe cómo mover papeles, que promete resultados más rápidos a cambio de un billete. Lo que muchos ciudadanos no sabían —o preferían ignorar— es que esa práctica tiene nombre, consecuencias legales y, ahora, una campaña estatal dedicada a erradicarla. El Gobierno del Estado de México lanzó la iniciativa ¡Di No al Coyotaje!, mediante la cual hace un llamado directo a la ciudadanía a no dejarse sorprender por intermediarios que ofrecen “agilizar”, “facilitar” o “asegurar” la resolución de trámites administrativos a cambio de dinero, favores o cualquier tipo de beneficio. La campaña, impulsada desde la Oficialía Mayor, deja en claro que ningún procedimiento oficial puede ser alterado mediante pagos o gestores externos, y que los resultados de los trámites se obtienen exclusivamente a través de canales oficiales. La advertencia es contundente: cualquier persona que opere como intermediario en este tipo de gestiones no solo actúa fuera de la ley, sino que vulnera los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen la administración pública estatal. La campaña no es un esfuerzo aislado ni una declaración de buenas intenciones. Detrás de ella hay una coordinación institucional concreta entre tres de las dependencias con mayor peso en materia de control y justicia en el estado. La Oficialía Mayor, la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) trabajan de manera conjunta para garantizar que las denuncias ciudadanas sean atendidas, investigadas y sancionadas. Esto significa que quien sea señalado por coyotaje —sea un servidor público que exija una “cooperación” o un particular que lucre con su supuesta influencia en oficinas de gobierno— puede enfrentar consecuencias tanto en el ámbito administrativo como en el penal. El mensaje desde el gobierno estatal es directo: la administración honesta, cercana y eficiente que se promueve desde Toluca no tiene espacio para prácticas que dañen el patrimonio de las personas y erosionen la confianza en las instituciones. Si en algún trámite ante el gobierno estatal alguien te pidió dinero, un favor o cualquier tipo de compensación para atenderte o darte prioridad, tienes derecho y vías concretas para denunciarlo. El Gobierno del Estado de México habilitó los siguientes canales oficiales de atención ciudadana: Las denuncias pueden realizarse de forma telefónica y a través de los órganos internos de control de cada dependencia. No se requiere ser víctima directa para reportar una irregularidad: cualquier ciudadano que sea testigo de una práctica de coyotaje puede y debe denunciarla.