Una de las reformas laborales que más expectativa genera en México es la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas, una modificación que permitiría a los trabajadores contar con dos días de descanso. La iniciativa forma parte de una serie de cambios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum para modernizar el mercado laboral del país. La propuesta apunta a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal y a reducir el desgaste físico y mental de los empleados. Sin embargo, ha abierto un intenso debate entre empresarios, especialistas y autoridades sobre sus posibles efectos en la productividad, los costos y la organización del trabajo. El sector empresarial comenzó a plantear cambios internos ante la posible reducción horaria. Para compensar el recorte, advierten que sería necesario incrementar la intensidad del trabajo diario y eliminar los llamados “tiempos muertos”, entre ellos la pausa de media hora para comer contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Desde esta postura, algunos empleadores sostienen que cumplir las ocho horas de forma continua permitiría compensar el día adicional de descanso sin afectar la productividad ni el funcionamiento de las empresas. Frente al debate, el Gobierno federal aclaró su postura. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, aseguró que la transición a la semana de 40 horas no implicará la eliminación ni el recorte de derechos laborales vigentes. Bolaños confirmó que la media hora de comida y los periodos de descanso establecidos en la LFT se mantendrán sin cambios. La posición del Ejecutivo marca una línea clara frente a las propuestas empresariales de intensificar la jornada. De acuerdo con lo adelantado por las autoridades, la reforma podría aprobarse hacia finales de 2025, con una aplicación gradual que comenzaría a partir de los primeros meses de 2026.