Venezuela bajo el régimen de Maduro: 13 años de conflicto político, crisis económica y aislamiento internacional

Nicolás Maduro Moros fue presidente de Venezuela desde el 14 de abril de 2013, cuando asumió tras la muerte de Hugo Chávez, hasta su captura por fuerzas de Estados Unidos hoy 3 de enero de 2026. Antes de ello, Maduro había sido líder sindical, diputado y vicepresidente de Venezuela bajo Chávez, figura a quien fungió como sucesor político designado formalmente por el presidente fallecido.

Venezuela antes de la “revolución bolivariana

Ni Maduro, ni antes Chávez, su mentor, nacieron de un repollo. Durante casi cuatro décadas, entre 1958 y 1998, Venezuela vivió un periodo de democracia representativa caracterizado por elecciones regulares y alternancia entre partidos como Acción Democrática (AD) y COPEI, bajo un acuerdo político conocido como el Pacto de Puntofijo.

Ese modelo enfrentó problemas estructurales. Venezuela dependía cada vez más de las exportaciones petroleras y, aunque experimentó crecimiento económico, persistieron desigualdades profundas, corrupción y fragilidad institucional que, con el tiempo, socavaron la confianza ciudadana en el sistema tradicional de partidos.

Exclusivo.Hasta dónde puede avanzar la ofensiva de Trump: los planes de intervención militar que evaluó Milei

abre en nueva pestaña

La década de 1980 y principios de los 90 estuvo marcada por tensiones sociales crecientes. El episodio conocido como El Caracazo en febrero de 1989 —una ola de protestas, saqueos y disturbios desencadenados por ajustes económicos y aumentos en precios de combustibles y transporte— reveló el descontento popular con las políticas gubernamentales y fue reprimido con fuerza, con centenares de muertos según cifras oficiales y posibles miles según reportes no oficiales. Esta violencia estatal y las profundas desigualdades pusieron en evidencia la incapacidad de la democracia de ese periodo para resolver las demandas sociales más urgentes.

Ese mismo periodo de crisis incluyó dos intentos de golpe de Estado en 1992, encabezados por Hugo Chávez y otros oficiales militares, que, aunque fallidos, lo elevaron como figura política popular entre amplios sectores críticos del statu quo. Las fracturas políticas y sociales se intensificaron con la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993 por corrupción y la sucesión de gobiernos interinos y transitorios hasta que Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998 con un programa reformista y de crítica al establishment.

El triunfo electoral de Chávez marcó el fin de ese orden bipartidista y el inicio de transformaciones profundas en el modelo político y económico del país, que definieron el camino hacia la “revolución bolivariana”. Analistas de distinto signo, incluso muy críticos de los bolivarianos, coinciden en usar estos antecedentes para explicar, en parte, las dificultades de la oposición venezolana -los “escuálidos”, les llaman despectivamente desde el oficialismo- para establecer una alternativa a Chávez y Maduro.

En vivo.Diosdado Cabello desafía a Trump: “A Maduro lo vamos a rescatar”

abre en nueva pestaña

Agenda política y legitimación

Maduro emergió como el continuador del proyecto político conocido como la Revolución Bolivariana, heredado de Hugo Chávez. Desde el inicio de su mandato buscó consolidar un modelo de poder basado en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el control de instituciones clave y la continuidad de políticas estatistas. Su ejecución del Plan de la Patria, un conjunto de programas sociales y económicos con base en el socialismo del siglo XXI, fue una línea de acción oficial adoptada desde 2013, aunque con resultados controvertidos en términos de bienestar social y estabilidad económica.

Elecciones y crisis de legitimidad

Maduro resultó electo presidente en 2013 con una estrecha ventaja sobre el opositor Henrique Capriles. Los comicios fueron aceptados por la mayoría de las observaciones internacionales al inicio, pero con el paso de los años crecieron las denuncias de fraude, manipulación y usos abusivos del poder estatal para favorecer al oficialismo. En 2018 fue reelegido en una votación ampliamente cuestionada como poco competitiva.

En 2019, en un episodio de crisis política, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente interino, recibiendo el reconocimiento de más de 50 países. Esta situación de doble legitimidad marcó la política venezolana hasta la resolución electoral de 2024 en la que, según cifras oficiales, Maduro fue declarado ganador frente al opositor Edmundo González. Esos resultados también fueron ampliamente cuestionados por observadores y fuerzas opositoras. El gobierno de Maduro nunca entregó las actas que validaban el resultado.

Economía, sociedad y condiciones de vida

Maduro enfrentó, en tanto, una profundización de la crisis económica que se había iniciado en los años finales del mandato de Chávez, exacerbada por el desplome de los precios del petróleo, la caída de la producción petrolera y el impacto de sanciones internacionales. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela se contrajo en más de un 80 % entre 2013 y 2020, y aunque en 2024 hubo un crecimiento estimado del 5,3 %, la economía siguió siendo comparativamente menor y con una capacidad de ingresos muy inferior a los niveles de 2013.

Pobreza y necesidades básicas

Encuestas nacionales y datos de organismos internacionales señalaron que en 2024 alrededor del 73,2 % de los venezolanos vivían bajo la línea de pobreza y cerca de 7,9 millones de personas requerían asistencia humanitaria. Sin un acceso a servicios como agua potable, electricidad o gas, muchas familias enfrentaron profundas carencias. El Programa Mundial de Alimentos reportó que aproximadamente el 40 % de la población experimentó inseguridad alimentaria, aunque reducciones de programas humanitarios por falta de financiamiento limitaron el apoyo a quienes lo necesitaban.

Migración masiva

La prolongada crisis económica y social desencadenó un éxodo de ciudadanos venezolanos. Estimaciones de organismos internacionales indicaron que millones de venezolanos emigraron entre 2013 y mediados de la década de 2020, convirtiéndose en uno de los flujos migratorios contemporáneos más significativos de la región.

El impacto de las sanciones y el bloqueo económico

Pero todo tiene un contexto. Los apologistas del régimen bolivariano no se cansan de señalar los efectos del bloqueo que, desde mediados de la década de 2010, viene sufriendo la economía venezolana mediante un esquema de sanciones financieras, comerciales y petroleras impulsadas principalmente por Estados Unidos y, en menor medida, por la Unión Europea y otros países aliados.

Las restricciones incluyen limitaciones al acceso a los mercados financieros internacionales, sanciones a la estatal PDVSA y medidas contra funcionarios del gobierno, lo que redujo de forma significativa la capacidad del país para exportar petróleo, su principal fuente histórica de divisas.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS), las sanciones contribuyeron a agravar una crisis económica que ya se encontraba en desarrollo por problemas estructurales previos, como la caída de la producción y la falta de inversión en el sector energético.

El relator especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales advirtió que las sanciones “exacerbaron la crisis humanitaria existente”, afectando el acceso a alimentos, medicamentos, energía y servicios básicos, aunque aclaró que no fueron el único factor explicativo del colapso económico.

En términos de ingresos, estudios de centros de análisis y economistas especializados en energía estimaron que Venezuela perdió más de 200.000 millones de dólares en exportaciones petroleras entre 2017 y 2024, como consecuencia combinada de sanciones, caída de la producción y dificultades para comercializar crudo en los mercados internacionales.

Un informe citado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) calculó que las pérdidas acumuladas por restricciones financieras y petroleras equivalieron a más del 200 % del Producto Interno Bruto venezolano, limitando severamente la capacidad del Estado para sostener políticas sociales y estabilizar la economía.

Según datos de agencias internacionales como la Energy Information Administration (EIA) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el país posee alrededor de 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, la cifra más alta registrada globalmente, que representa cerca del 17 % de las reservas mundiales totales y lo ubica por encima de Arabia Saudita, Irán o Irak en ese rubro.

La mayor parte de ese recurso yace en la Faja Petrolífera del Orinoco, una vasta región de crudo pesado y extra-pesado cuya explotación exige tecnologías especializadas y diluyentes para su procesamiento, lo que encarece su producción comparada con crudos ligeros convencionales. A pesar de ese potencial, la producción real de Venezuela se mantuvo en torno al millón de barriles por día en años recientes, una fracción de su capacidad histórica que en décadas anteriores superó ampliamente los niveles actuales

Progresos sociales en Venezuela: misiones, distribución de renta petrolera y programas emblemáticos

Del lado bolivariano se destacan miradas que ponen énfasis en las políticas redistributivas de los gobiernos de Chávez y luego Maduro. Durante las primeras décadas del siglo XXI, el gobierno venezolano implementó una serie de programas sociales conocidos como Misiones Bolivarianas, financiadas en gran parte por los ingresos del sector petrolero estatizado. Estas misiones buscaron ampliar el acceso a servicios básicos en sectores históricamente excluidos. Entre ellas, Misión Robinson impulsó campañas de alfabetización y, en 2005, Venezuela se declaró “territorio libre de analfabetismo”, tras una misión nacional de educación para adultos.

Otras misiones como Mercal y Ribas buscaron asegurar la provisión de alimentos subsidiados y la educación secundaria para quienes no habían podido completarla, respectivamente, así como la Gran Misión Vivienda Venezuela, orientada a construir unidades habitacionales para sectores de bajos ingresos. Estas iniciativas se estructuraron como programas estatales con amplia cobertura territorial.

En cifras oficiales de periodos anteriores a la profunda crisis económica de la década de 2010, el propio Estado venezolano vinculó las Misiones Bolivarianas con mejoras en indicadores sociales comparados con la década de 1990. Por ejemplo, datos compilados por informes gubernamentales señalaron que, entre 1998 y 2015, la proporción de hogares en pobreza extrema —según definiciones oficiales previas— se redujo notablemente, la esperanza de vida aumentó y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se redujo respecto a finales del siglo XX. El aumento del promedio de años de escolaridad reportado en ese mismo lapso fue otro cambio cuantificado por estadísticas oficiales y reconocido por organismos multilaterales.

Además, programas específicos como la Gran Misión Vivienda Venezuela proyectaron la construcción de miles de viviendas en todo el territorio nacional, intentando mejorar las condiciones de hogares que carecían de soluciones habitacionales formales.

Instituciones y derechos políticos

Bajo el mandato de Maduro las instituciones democráticas sufrieron una marcada erosión. El Tribunal Supremo de Justicia, de alineación oficialista, asumió facultades de la Asamblea Nacional en 2017, en un episodio que grupos opositores y organismos internacionales calificaron como un intento de consolidar el poder más allá de los controles constitucionales.

Organizaciones de derechos humanos y misiones de investigación internacional señalaron prácticas de represión, detenciones arbitrarias y abuso policial contra opositores y manifestantes. Según datos de grupos de derechos humanos, para fines de 2025 más de 800 personas permanecían encarceladas por motivos políticos, aunque el gobierno de Maduro negó sistemáticamente la existencia de presos políticos.

Eventos clave en el período 2021-2025

Las elecciones legislativas de 2025, en las que el PSUV reclamó victorias amplias en un contexto boicot opositor, consolidaron aún más el control oficialista sobre el poder político, aunque la participación ciudadana fue considerada baja por observadores independientes.

En diciembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno anunció la liberación de centenares de personas detenidas tras protestas post-electorales, en medio de una fuente presión internacional y un escenario de crecientes tensiones con Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, indicaron que persistían cientos de detenciones políticas.