La crisis política en Brasil sumó ayer un nuevo capítulo. El titular de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, enemigo de la presidenta Dilma Rousseff, sufrió ayer un doble revés político y judicial que tendrá consecuencias en la disputa trabada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en torno al proceso de impeachment contra la mandataria.

Agentes de la Policía Federal allanaron por la mañana la residencia oficial de Diputados, donde vive Cunha en Brasilia, y su domicilio en Rio de Janeiro a pedido de la Fiscalía general y con el aval de un juez de la Corte Suprema que lo acusa de haber recibido u$s 5 millones en sobornos por contratos para Petrobras. El diputado se declaró ayer "absolutamente inocente", rechazó renunciar (rumor que corrió ayer por los pasillos del Congreso) y acusó al gobierno de actuar con revanchismo por ser él el impulsor del impeachment contra la presidenta.

"Es extraño el contexto, el día y los objetivos (del allanamiento)", dijo Cunha. "Soy un opositor al gobierno y me volví más opositor cuando di curso al proceso de impeachment. Es natural que van a buscar revanchismo"; analizó Cunha.

El operativo policial incluyó, además, requisas en los domicilios de dos ministros del gabinete de Dilma que militan en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al igual que Cunha, además de varios líderes de esa agrupación que dirige el vicepresidente Michel Temer, que la semana pasada blanqueó en una carta con múltiples reproches su enfrentamiento con Rousseff.

Horas más tarde, el Consejo de Ética de la cámara Baja votó a favor de abrir una investigación en contra de Cunha, un diputado evangelista, que podría llevarlo a perder su mandato por haber ocultado cuentas en Suiza, a donde habrían ido a parar el dinero de las coimas, una decisión que había sido postergada en varias ocasiones por maniobras de legisladores afines a Cunha.

El cerco contra el líder de la facción del PMDB que impulsa la ruptura con el gobierno y acelerar el juicio para la destitución de Dilma, que él mismo conduce, pronostica nubarrones sobre los intentos del Palacio del Planalto de frenarlo con los votos de los diputados fieles de esa sigla, cruciales en esa batalla.

Cunha vinculó ayer al gobierno con lo que considera una embestida de la justicia en su contra, se consideró "perseguido" y llamó al PMDB a darle la espalda a Dilma, en una jornada en que la que la policía allanó las casas de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera; de Turismo, Henrique Alves; del ex ministro de Minas y Energía de Dilma y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, Edisao Lobao; de un diputado y otra decena de personas vinculadas a ese partido otrora aliado de Rousseff.

Las relaciones entre Rousseff, debilitada y con baja popularidad, y el PMDB penden de un hilo. Movimientos sociales afines a la mandataria convocaron para hoy una movilización en su apoyo, en contraste con las manifestaciones del domingo a favor de su salida del gobierno, que tuvieron una adhesión muy inferior a las de meses atrás, y luego de que la poderosa central empresaria de San Pablo, la Fiesp, anunciara el lunes su respaldo formal al impeachment contra Rousseff.