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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, procesado por golpismo y objeto de diversas medidas cautelares dictadas este viernes, llegó a la sede de la Policía Federal en Brasilia, trasladado por agentes para que le sea colocada una tobillera electrónica, como ha determinado la Justicia.
La propia Policía Federal se ocupó de conducirle hasta su sede, después de registrar a primera hora la residencia de Bolsonaro en la capital en una acción ordenada por la Corte Suprema, responsable por el juicio en que el líder de la ultraderecha responde por intento de golpe de Estado.
Aunque aún no se ha hecho oficial, estas decisiones pueden obedecer a sospechas de la Fiscalía, que actúa como parte acusadora en el proceso, en el sentido de que Bolsonaro podría estar incurriendo en maniobras para obstruir la acción judicial e incluso planificando una fuga del país.
Entre otras medidas cautelares dictadas este viernes, además del uso de la tobillera electrónica, figura también una prohibición de acercarse a embajadas o comunicarse con diplomáticos extranjeros y también de utilizar sus redes sociales, en las que suele tener una febril actividad, descalificando siempre el proceso en su contra.
Estas nuevas diligencias fueron decididas en medio de la presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que se detenga el juicio contra el líder ultraderechista, a quien considera víctima de "una caza de brujas".
Bolsonaro es acusado de liderar, junto con antiguos ministros y militares de alto rango, un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, que ganó el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Para la Fiscalía, Bolsonaro podría estar incurriendo en maniobras para obstruir la acción judicial e incluso planificando una fuga del país.
Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 50 % a las importaciones brasileñas y, entre los motivos, citó en primer lugar la "persecución" que, a su juicio, sufre Bolsonaro.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, está desde marzo pasado en Estados Unidos y se ufana de haber convencido a parlamentarios de ese país a urgir al gobierno de Trump a aplicar sanciones a los jueces responsables del proceso y al propio Brasil, convencido de que en el país se ha instalado una "dictadura".
El líder republicano también criticó supuestas órdenes "secretas" e "ilegales" del Supremo brasileño para el bloqueo de perfiles en redes sociales dedicados a diseminar noticias falsas contra las instituciones democráticas.
Este jueves, Trump envió una carta de apoyo a Bolsonaro en la que confió en un próximo "cambio de rumbo" del gobierno de Brasil y pidió el fin del supuesto de "régimen de censura" que impera en el país.
La defensa de Bolsonaro recibe con "sorpresa" e "indignación" las medidas cautelares
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, objeto este viernes de nuevas diligencias en el caso por golpismo, se declaró "sorprendida" e "indignada" con las medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema, entre ellas el uso de tobillera electrónica.
Los abogados del líder ultraderechista afirmaron en una nota que las nuevas restricciones dictadas por el alto tribunal son"severas", a pesar de que "hasta el momento siempre ha cumplido con todas las determinaciones del Poder Judicial".
"La defensa se manifestará oportunamente, cuando conozca el fallo judicial", indicó la nota, enviada por el letrado Celso Vilardi, quien defiende a Bolsonaro en el juicio que avanza en el Supremo por supuestamente liderar una conspiración golpista contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.
Intento de golpe de estado: los 5 delitos de los que se acusa a Bolsonaro
Los delitos por los que el ex mandatario (2019-2022) será juzgado, junto a otros altos cargos militares y de su Gobierno, están castigados con penas que van de seis meses a 12 años de prisión cada uno, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.
- 1. Golpe de Estado
El más grave de todos los delitos que se le imputa, con una pena de cuatro a 12 años de prisión, es definido por la ley como el "intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido".
La denuncia de la Fiscalía, admitida hoy por el Supremo, afirma que este propósito se vio reflejado en los "ataques recurrentes" al proceso electoral, la "manipulación indebida" de las fuerzas de seguridad para interferir en los comicios, y "la convocatoria del alto comando del Ejército para obtener apoyo militar" a un supuesto decreto con el que se pretendía anular los resultados electorales.
- 2. Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho
Prevé un castigo de entre cuatro y ocho años de prisión y, si bien está estrechamente relacionado con el delito de golpe de Estado, este tipo penal pone el foco en el intento de "impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales", lo que incluye al Poder Legislativo y al Judicial y no se limita al Ejecutivo.
Según la denuncia, Bolsonaro y los otros acusados "minaron" los poderes constitucionales frente a la opinión pública, "incitaron a la violencia contra sus estructuras", en referencia a la invasión violenta de las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia el 8 de enero de 2023, y planearon el asesinato de Lula, entonces presidente electo, y de un magistrado del Supremo.
- 3. Organización criminal armada
La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito castigado con una pena de prisión de entre tres y ocho años y que puede aumentar en caso de aplicarse agravantes si el denunciado ejerció el comando, si era funcionario público o si la actuación contempló el uso de armas de fuego.
La organización supuestamente comandada por el expresidente, de acuerdo con el Ministerio Público, se desarrolló con "orden jerárquico", tuvo una "fuerte influencia de sectores militares" y presentó una "división de tareas" entre sus integrantes.
- 4. Deterioro de patrimonio protegido
El delito acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión para quien actúe para "destruir, inutilizar o deteriorar" bienes protegidos por la ley.
Según la denuncia, la trama liderada por Bolsonaro dio apoyo "moral y material" a la turba que invadió de forma violenta la sede del Supremo, el Congreso y la Presidencia en enero de 2023 y que provocó daños valorados en por lo menos 26,6 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares).
- 5. Daño calificado contra patrimonio público
Es definido como aquel daño cometido con violencia y con perjuicio "considerable" para la víctima, prevé una pena de cárcel de seis meses a tres años, y también está relacionado con la destrucción durante los eventos del 8 de enero.
