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El Gobierno de los Estados Unidos volvió a poner en marcha una normativa que puede bloquear el trámite de residencia permanente a quienes hayan recibido programas sociales.
A partir de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) comenzará a aplicar una nueva regla relacionada con la “carga pública”. Los nuevos lineamientos se ajustan a la postura de Donald Trump de limitar beneficios migratorios a extranjeros que dependan de prestaciones estatales.
Esta medida reemplaza la regulación impuesta por la administración de Joe Biden en 2022 y reestablece una norma que fue bloqueada judicialmente durante el primer mandato de Trump.
En detalle, la normativa permite a los oficiales de inmigración negar la residencia si consideran que el solicitante requerirá asistencia gubernamental. Esto marca un endurecimiento en la evaluación financiera de cada persona que busca establecerse legalmente.
¿Qué es ser considerado “carga pública”?
La norma redefine el concepto de “carga pública” como una persona con probabilidad de depender de ayudas del Gobierno a largo plazo. Este diagnóstico puede derivar en el rechazo inmediato de la “green card” u otros beneficios migratorios.
Según el comunicado oficial de Uscis, la disposición impone criterios más rigurosos de evaluación y de uso de programas de asistencia pública, en línea con la visión de la actual administración federal.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la regla busca “garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes y no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.
Beneficios y factores que ponen en riesgo la residencia
Los programas bajo la lupa incluyen prestaciones de salud, asistencia alimentaria y diversos subsidios de vivienda otorgados por el Estado. El uso prolongado de estos servicios sociales podría pesar negativamente contra el solicitante al momento de su evaluación migratoria.
Los oficiales migratorios analizarán el historial de uso de estos programas para decidir si aprueban el trámite. Además, se considerarán factores personales clave para determinar la elegibilidad del aplicante, como los ingresos familiares, la edad, el estado de salud y el nivel educativo de cada individuo.
Quiénes quedan exentos
Ciertos grupos de personas quedarán excluidos de esta nueva evaluación de carga pública por ley. Entre ellos, se encuentran algunos refugiados, asilados y víctimas de delitos específicos protegidas por la legislación migratoria. Este grupo podrá acceder a beneficios públicos sin que esto afecte su trámite de residencia permanente u otros derechos.
Aquellos solicitantes que ya tengan un caso de residencia pendiente deberán revisar si la nueva definición de carga pública los afecta y verificar si su categoría migratoria está sujeta a las nuevas reglas de evaluación financiera.
Finalmente, se actualizarán todos los formularios y guías de instrucciones antes de la entrada en vigor de la norma. Por eso, se recomienda a los solicitantes y a sus abogados seguir las versiones más recientes para evitar rechazos automáticos.