En agosto de 2012 la presidenta brasileña Dilma Rousseff lanzaba con bombos y platillos un plan de concesiones de obras de infraestructura al sector privado por u$s 66.500 millones. Brasil venía de crecer apenas 1% en el primer semestre de ese año y 2,7% en todo 2011. La meta, decía entonces la mandataria, era alcanzar un "crecimiento constante en torno al 4,5%". Pero nada de eso sucedió. El fuerte sesgo intervencionista de su gestión ahuyentó a los empresarios y el gobierno tuvo que conformarse con captar fondos por apenas 20% de lo que pretendía, sin nadie interesado en las 14 líneas ferroviarias y 160 terminales portuarias ofertadas. Lo que vino después es historia conocida: tasas de crecimiento bajo o nulo y, hoy, una economía frenada al borde de la recesión.


Resuelta a impedir que la economía se termine de derrumbar, pero además por una popularidad que viene en caída afectada por la suba del desempleo y el impresionante "Petrobras-gate", Rousseff parece estar dispuesta ahora a dar una vuelta gradual de página, como ella misma dijo. La mandataria anunció ayer un megaplan de concesiones con el que busca atraer u$s 64.000 millones (198.400 millones de reales) de inversión privada para modernizar y operar rutas, puertos, ferrocarriles y aeropuertos.


"Este programa es la apertura para un futuro mejor", dijo la mandataria, quien aseguró que el plan contribuirá en el mediano y largo plazo a reducir el valor de los productos brasileños, pero tendrá "efectos inmediatos en toda la economía y en la calidad de vida de toda la sociedad" como factor generador de puestos de trabajo.


El anuncio se da en medio de las últimas previsiones oficiales y privadas, que coinciden en una contracción de la economía para este año de 1,2%. Se trata del cuarto plan de infraestructura que se anuncia en el país en los últimos doce años, cuando el PT llegó al poder.


En su operativo "seducción al capital", ayer Dilma reconoció que, tras más de una década de continua intervención estatal en la economía, la recuperación de los niveles de actividad y crecimiento demandan de la participación del sector privado, al que le ofreció "toda la seguridad jurídica" para sus inversiones.


"Nuestro modelo de concesiones garantizará que los consumidores tengan servicios de calidad a precios justos y que las empresas obtengan un retorno adecuado a sus inversiones", afirmó Dilma en el anuncio, en el Palacio del Planalto.


De todas formas, el Estado seguirá teniendo un rol relevante a través de la banca pública, especialmente el Bndes, que financiará "entre 70% y 90%" de las obras que se ejecuten.


El Foro Económico Mundial sitúa a Brasil en el puesto 120 de entre 144 países en lo que respecta a la calidad general de sus infraestructuras, siendo las rutas y el transporte aéreo especialmente malos, unas deficiencias vistas como un obstáculo a la productividad y la eficiencia.


Para Dilma, esta nueva ronda de concesiones ampliará la asociación del gobierno con empresas privadas e impulsará la confianza en la economía.


Las obras previstas se concentran en infraestructura ferroviaria (43% del total) y vial (33%) y se ejecutarán en dos fases: la primera está prevista hasta 2018 y es por u$s 20.000 millones mientras que la segunda, que contempla el 65% de la inversión anunciada, será a partir de 2019, cuando Dilma ya no esté en el poder.
Los consorcios privados serán invitados a competir por aeropuertos en las ciudades de Porto Alegre, Fortaleza, Salvador y Florianopolis, y la participación de la agencia estatal aeroportuaria Infraero será reducida a un mínimo del 15% desde el 49% que se ofertaba en la ronda previa.


Una de las iniciativas que más interés concita en el país es la construcción del llamado "corredor bioceánico", una ferrovía que cruzaría Sudamérica de este a oeste para abaratar la salida de productos hacia Asia. La obra, aún en evaluación, plantea cruzar Amazonas y desembocar en un puerto de Perú.