La tregua unilateral que declaró hace seis días la presidenta de Brasil al ceder poder en el gabinete a su principal aliado político, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), duró poco. Dilma Rousseff volvió a quedar contra las cuerdas tras las decisiones judiciales y administrativas que en las últimas horas dieron luz a los intentos opositores de avanzar hacia su destitución.


El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), un organismo burocrático vinculado al Congreso, rechazó ayer por unanimidad el balance de cuentas públicas de 2014 del Ejecutivo, una decisión que juega a favor de la estrategia opositora, que ampara su principal pedido de impeachment contra Rousseff en el Congreso justamente en esa acusación.


El TCU avaló las denuncias que acusaron a la mandataria de maquillar los balances a través de un procedimiento por el cual el Ejecutivo demoraba las transferencias para el pago de prestaciones sociales y los bancos públicos debían asumirlas por adelantado, con lo que podía exhibir gastos inferiores, violando la Ley de Responsabilidad Fiscal.


Aunque no tiene consecuencias inmediatas, ya que será el Parlamento el que dé la palabra final sobre el asunto, la decisión suma otro dolor de cabeza a una presidenta con una popularidad por debajo del 10%, acosada por una economía en recesión y debilitada por la crisis política y el escándalo de coimas en Petrobras. En su defensa, el gobierno argumentó que el proceder fue utilizado por administraciones anteriores y nunca cuestionado por el TCU, que terminó por reprobar los balances por primera vez en la historia de ese organismo.


El sombrío panorama político sobre la presidenta se había configurado la noche del martes cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció en una decisión sin precedentes que reabriría una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Dilma a la reelección, impulsado por la oposición socialdemócrata que sospecha que se desviaron hacia allí recursos provenientes de la red de corrupción en Petrobras.


En caso de comprobar los ilícitos, el TSE puede decidir desde la imposición de multas hasta la invalidación de la ajustada victoria de Rousseff en las urnas el año pasado, lo que llevaría al cuestionado presidente de Diputados, Eduardo Cunha, a asumir la presidencia y convocar a nuevas elecciones.


La frutilla del postre fuer ayer el fracaso en el Congreso por falta de quórum de una sesión programada para respaldar los vetos de Dilma a aumentos salariales en el sector público, lo que mostró que el oficialismo sigue teniendo dificultades para conseguir los respaldos, y el dólar retomó su carrera alcista, tras varias jornadas de respiro.


La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político, dijo ayer la mandataria, en la jornada más difícil desde que inició su segundo mandato hace poco más de nueve meses.