Iniciar un proceso sucesorio en Argentina suele parecer un trámite puramente administrativo, pero la visión y la experiencia del estudio Márquez Losardo señala otra realidad: la eficiencia del trámite no depende de la solidez con la que se construye el expediente antes de ingresar a tribunales. Para evitar que una herencia se transforme en un proceso costoso y conflictivo, existen desafíos operativos que los herederos deben resolver de entrada: definir con precisión quiénes tienen derecho a participar, reconstruir un inventario de activos que muchas veces está disperso o bajo secreto bancario y, fundamentalmente, asegurar una gestión administrativa que impida que los roces familiares detengan la transmisión de los bienes. Acá, detallamos los cuatro ejes fundamentales que debés conocer para iniciar una sucesión con éxito, minimizando los tiempos de espera y garantizando una transición ordenada de los bienes. El primer desafío es determinar legalmente quiénes tienen derecho sobre el patrimonio y qué obligaciones asumen. En Argentina, este orden es estricto: Son los hijos (descendientes), los padres (ascendientes) y el cónyuge. La ley les reserva una “porción legítima” que nadie les puede quitar, ni siquiera mediante un testamento. Hermanos, tíos o primos. Solo heredan si no hay herederos forzosos y no existe un testamento que nombre a otra persona. El heredero no solo recibe los bienes, sino también las deudas del fallecido. Por ley, el heredero responde por esas deudas únicamente hasta el valor de los bienes recibidos (responsabilidad intra vires), a menos que oculte bienes o actúe de mala fe, en cuyo caso podría comprometer su propio patrimonio. Desde que la persona fallece hasta que el juez adjudica los bienes a cada uno de los herederos, existe una “comunidad” donde todos son dueños de todo. El desafío es acordar quién paga los impuestos, expensas o reparaciones urgentes. Si uno de los herederos está viviendo en la casa del fallecido, los demás tienen derecho a reclamar un canon locativo por ese uso exclusivo, lo que suele ser un foco de conflicto si no se pacta de entrada. Reunir la documentación para una sucesión suele presentar complicaciones logísticas que no son evidentes al comienzo del trámite. Aunque se cuente con los documentos físicos en el hogar, el proceso judicial exige requisitos de validación específicos que generan demoras. Un error común es considerar que las partidas de nacimiento o matrimonio guardadas por la familia son suficientes. El Poder Judicial requiere ejemplares de expedición reciente por lo que deberán ser solicitadas al iniciar el proceso sucesorio. El objetivo es constatar que el estado civil del fallecido o el vínculo de los herederos no haya sufrido modificaciones legales que no estén reflejadas en documentos antiguos. Cuando los actos (nacimientos, matrimonios o defunciones) ocurrieron hace varias décadas, los datos suelen no estar cargados en las bases de datos. Por ejemplo, una partida de matrimonio vieja podría no mostrar un divorcio posterior que sí figura en el acta original del Registro Civil. Esto implica que el personal del Registro debe localizar el libro y el acta manualmente. Si el documento original presenta deterioros o la caligrafía es ilegible, los tiempos de respuesta se extienden significativamente. Si el fallecido nació o se casó en una provincia distinta a la de su último domicilio, se debe gestionar la documentación ante administraciones con sistemas y aranceles diferentes. Existen documentos que los herederos no pueden obtener por su cuenta de manera inmediata: Si no se encuentra el título de propiedad original del inmueble, obtener un duplicado legal requiere la intervención de un escribano o una orden del juez para que el Registro de la Propiedad Inmueble lo expida. Las entidades bancarias no brindan información sobre saldos o movimientos a los familiares hasta que no reciben un oficio judicial. Esto impide conocer con exactitud la composición del patrimonio hasta que el proceso ya está iniciado. En jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, antes de terminar la sucesión es necesario contratar a un agrimensor para realizar el estado parcelario. Este es un requisito técnico que suele omitirse en la planificación inicial y que es indispensable para que el juez autorice la inscripción de los bienes a nombre de los herederos. Es vital realizar un detalle exhaustivo de lo que la persona fallecida dejó. No se limita a propiedades o vehículos, el rastreo debe incluir activos menos visibles: Cuentas bancarias, plazos fijos, acciones societarias, fondos de inversión y participaciones en empresas. Las entidades no brindan información sobre saldos a los familiares hasta recibir un oficio judicial. Realizar este inventario completo desde el inicio evita tener que reabrir el expediente en el futuro por bienes omitidos. Desde el fallecimiento hasta la adjudicación de bienes existe, tal como mencionamos en el detalle de los herederos, una comunidad hereditaria donde todos son dueños de todo. Este es un punto crítico donde el conflicto puede detener el trámite. Es común el roce por quién paga impuestos y expensas, o por el uso exclusivo de un inmueble por parte de un solo heredero (donde los demás pueden reclamar un canon locativo). El marco legal argentino ofrece herramientas para que estas diferencias no bloqueen la sucesión. Ante la falta de acuerdo, el derecho permite la designación de un administrador judicial o la partición por mayoría de votos en ciertos escenarios, garantizando que el patrimonio no pierda valor por la parálisis del conflicto familiar.