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Un desgarrador episodio sacudió a la provincia de Misiones en las últimas horas y generó indignación generalizada. El caso destapó una grave maniobra que atenta directamente contra los derechos de dos menores de edad. La gravedad del asunto encendió las alarmas judiciales por la extrema vulnerabilidad de los dos niños.
La alarma se activó tras la presentación formal efectuada por la madre de los niños. La mujer acudió desesperada a la Comisaría de la Mujer para acusar al padre de sus hijos. Su testimonio permitió desplegar un operativo urgente para resguardar a los pequeños del peligro inminente.
La denunciante debió ausentarse del hogar días atrás debido a una urgente internación médica. Durante ese plazo, los cuatro chicos quedaron bajo la custodia y responsabilidad del padre. El hombre aprovechó la soledad de la vivienda para pergeñar la maniobra ilegal.
¿Cómo fue el caso del padre que quiso vender a sus hijos?
El acusado pretendía desprenderse de dos de sus cuatro hijos a cambio de un bien material. Un audaz mensaje grabado en WhatsApp funcionó como la prueba contundente para desbaratar la negociación. En la grabación se escuchaba la propuesta explícita para concretar la indignante permuta.
El sujeto buscaba entregar a los chicos con el objetivo explícito de obtener un vehículo usado. La prueba irrefutable llegó a manos de la madre inmediatamente después de recibir el alta médica. Con el archivo guardado en su teléfono celular, la joven acudió directo a la comisaría.
La causa judicial fue caratulada formalmente como supresión de estado civil y entrega ilegal de menores. Las víctimas de esta fallida comercialización integran un grupo familiar compuesto por cuatro hermanos. Los niños tienen edades que van desde apenas 12 meses hasta los once años.
La intervención de la policía y la justicia
Efectivos de la Unidad Regional XI de la Policía desplegaron un procedimiento en Aristóbulo del Valle. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en una vivienda ubicada estratégicamente en el barrio Municipal. En el lugar arrestaron a Ramón V., de 38 años, quien registraba antecedentes penales.
Durante el registro del inmueble, los uniformados incautaron de manera preventiva tres teléfonos celulares. Los peritos de la División Cibercrimen analizan los dispositivos del acusado, la denunciante y un tercero. Las tareas periciales buscan confirmar si existían más personas involucradas en la compraventa.
El Juzgado de Instrucción número dos de Oberá asumió el control de las actuaciones judiciales. El juez a cargo ordenó medidas cautelares inmediatas para proteger a la totalidad de los menores. Un equipo interdisciplinario integrado por psicopedagogas y trabajadoras sociales asiste a los chicos.
Los cuatro hermanos quedaron alojados provisoriamente en la vivienda de una tía paterna bajo seguimiento. En tanto, el acusado permanece detenido en una celda a la espera de la indagatoria. La investigación continúa para determinar si el imputado intentó operaciones similares en el pasado.