LaCámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) emitió un comunicado, en el que expresa su lamento y enérgico rechazo que el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) llevara adelante un paro total de actividades con cortes de rutas.
Cabe mencionar, que esta medida de fuerza interrumpe el normal ingreso de mercadería perecedera a las plantas.
Desde CAPIP, manifiestan que este paro provocó que más de 260 toneladas de langostino no se procesaran en tiempo ideal y en consecuencia se obtuviera un producto de inferior calidad, con baja o nula rentabilidad, perjudicando a las empresas que integran nuestra Cámara.
Por lo que el propio gremio expresa que la medida va en contra del Acta Acuerdo que firmaron la Secretaría de Pesca Provincial, la Administración del Puerto de Comodoro, el SUPA y la CAFACH, para abastecer de merluza a las plantas de Comodoro y eventualmente a plantas del valle para destrabar el conflicto con los estibadores.
Dicho acuerdo aseguraba que por un tiempo determinado parte de la flota descargaría merluza en Comodoro, destrabando el conflicto con los estibadores y aseguraba -a las plantas locales- la posibilidad de trabajar con merluza fuera de la temporada de langostino.
CAPIP asegura ninguna de las empresas de que integra el gremio participó del acuerdo cuestionado por el STIA, que da origen al mencionado paro.
La Cámara de Industrias Pesqueras denuncia que cada medida de fuerza viene acompañada de gomas que queman los portones de acceso a las plantas, cortes de ruta, amenazas al personal administrativo, toma de plantas, escraches, actos violentos, e inclusive el deterioro de la materia prima, como sucedió en este caso.
A lo que agregan, que todo se ve amplificado cuando el cese de actividades no guarda ninguna relación con las empresas que lo sufren, y por ende las que se ven perjudicadas. Y que estas acciones atentan contra planes de inversión y naturalmente con aumento de puestos de trabajo.
Ante este panorama, la Cámara Empresaria le solicita a las autoridades provinciales y gremiales "arbitrar los medios necesarios para defender la actividad, actuar con responsabilidad, cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente, el que garantiza el derecho a huelga pero también garantizar el derecho a trabajar y no generar situaciones de evidente inequidad e injusto perjuicio a la actividad".
