Lunes  27 de Noviembre de 2017

Posibilidad de planteos de repetición por inconstitucionalidad de alícuotas diferenciales

En este trabajo se analizan los efectos de los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Bayer" y Harriet y Donnelly", precisando el alcance del "acto en ciernes", el impacto de las sentencias en el proyecto de reforma fiscal, como así también la posibilidad de las empresas para presentar planteos de repetición en instancia originaria ante la inconstitucionalidad del régimen de alícuotas diferenciales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Posibilidad de planteos de repetición por inconstitucionalidad de alícuotas diferenciales

1. ¿Crónica de una muerte anunciada?

El día en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("CSJ") se iba a pronunciar sobre la inconstitucionalidad del régimen de alícuotas diferenciales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ("ISIB"), el pueblo argentino despertó con la sola idea de conocer los lineamientos de la reforma tributaria que anunciaría a media tarde el Ministro Dujovne.

Resultaba casi inverosímil, por lo tanto, sospechar que la CSJ declararía la inconstitucionalidad del mentado régimen casi al unísono del anuncio del Ministro de Hacienda mediante el cual prometió, entre otras cosas, buscar un acuerdo con las provincias para reducir el ISIB y eliminar las aduanas interiores.

Sin embargo, y a diferencia de aquel "lunes ingrato" descripto minuciosamente por el narrador de la novela de Gabriel García Márquez, algunos entendidos reconocieron el presagio y sintieron el pálpito de la tragedia que se estaba gestando: la declaración de inconstitucionalidad de un régimen en el cual se fijaron alícuotas diferenciales en relación al tributo que representa más del 70% de recaudación de las provincias argentinas. Recordemos que el Dr. Casás ya había dejado asentado en su voto en el fallo "Orbis Merting" (1) que el sinnúmero de medidas cautelares otorgadas por la CSJ, en el marco de las acciones declarativas interpuestas en su instancia originaria por los contribuyentes afectados por el régimen, preanunciaban su doctrina.

Finalmente, desde el 27 de octubre se pudo ver desde la página del sistema del Poder Judicial de la Nación el pase de las causas "Bayer" (2) y "Harriet y Donnelly" (3) a la Secretaría de Juicios Originarios (luego de haber finalizado su circulación por las diferentes vocalías de la CSJ), y los sucesivos pases al Sector Coherencia y al Sector Confrontaciones y Copias.

Y así, el pasado 31 de octubre la CSJ dictó sentencia definitiva en aquellas causas, declarando la inconstitucionalidad de este régimen al considerar que "queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, art. 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, arts. 75, inc. 13 y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución (Constitución Nacional, arts. 9 a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada".

Todos los argumentos de defensa esbozados por los fiscos de la Provincia de Santa Fe y la Provincia del Chaco fueron en vano, la CSJ en "Bayer" y "Harriet y Donnelly" puso fin al régimen de alícuotas diferenciales.

2. Precisiones sobre el "acto en ciernes" en la causa "Harriet y Donnelly"

Si bien se esperaba que nuestro Máximo Tribunal declarara la inconstitucionalidad de las leyes tarifarias de Santa Fe y Chaco en su parte pertinente, algunos fueron cautelosos a la hora de especular con una victoria para Harriet y Donnelly S.A., toda vez que su "acto en ciernes" no resultaba ser una determinación de oficio (a diferencia de "Bayer). A continuación se analizará la situación del contribuyente.

l El caso "Harriet y Donnelly"

Harriet y Donnelly S.A. es el primer contribuyente que logra obtener una medida cautelar por parte de la CSJ en materia de alícuota diferencial. Así el 24/2/15 el Tribunal Cimero estableció que la actora debía tributar en lo sucesivo el ISIB aplicando la alícuota menor hasta tanto se dictara sentencia definitiva en el proceso. A partir de este precedente la CSJ concedió las medidas precautorias solicitadas por los centenares de contribuyentes que iniciaron acciones declarativas análogas a los casos analizados en el presente trabajo, señalando en aquellos casos que "la decisión que se adopta sólo producirá, en el caso en que se rechace la demanda, una postergación en la percepción de las diferencias que se generen, ya que mientras tanto la provincia ingresará a sus arcas las mismas sumas que se perciben por el gravamen que recae respecto de quienes cumplen con el requisito establecido como condición para tributar la alícuota reducida".

La medida precautoria fue otorgada en base a la intimación cursada por la Provincia de Chaco el 25/3/13 mediante la cual se le informó a Harriet y Donnelly S.A. que desde el período 1/2013 entraban en vigencia las modificaciones de las alícuotas en el ISIB. Asimismo, se le intimaba "de corresponder, a presentar las declaraciones juradas rectificativas" y se le informó que ante el incumplimiento se le aplicarían las multas y sanciones establecidas en el Código Tributario Provincial y se procedería a la determinación de oficio de la deuda que pudiera resultar con los recargos correspondientes y posterior intervención judicial.

Aquella intimación para la PGN no fue una "expresión suficiente de la pretensión fiscal", ya que sólo empleó "términos generales, hipotéticos y conjeturales". Es por ello, que en su dictamen de fecha 16/3/16, manifestó que los agravios traídos a juicio resultaban, en aquel momento, conjeturales e hipotéticos, ya que no se había probado comportamiento alguno configurativo del requisito del "acto en ciernes". Así opinó que la pretensión deducida no constituía "causa" o "caso contencioso".

No obstante ello, el 9/7/16, cuando la causa ya se encontraba a sentencia, Harriet y Donnelly S.A. presentó un escrito manifestando un hecho nuevo en las actuaciones: adjuntó el acta de fecha 22/3/16, acompañada de una Orden de Intervención, mediante la cual la Administración Tributaria Provincial le había notificado el inicio de un procedimiento de fiscalización. Asimismo adjuntó la nota presentada el 29/3/16 como respuesta a la mentada acta de fiscalización, en la que le solicitó al fisco que dejara sin efecto la intimación cursada, toda vez que había interpuesto una acción declarativa ante la CSJ mediante la cual obtuvo el dictado de una medida cautelar (en la que se le ordenó a la Provincia abstenerse de iniciar un procedimiento determinativo de oficio) que ya había sido oportunamente notificada. Como consecuencia de ello, el fisco le notificó mediante el acta de fecha 4/4/16 que el proceso de verificación iniciado se suspendería provisoriamente, no obstante lo cual se elevarían las actuaciones a la Dirección Jurídica a los efectos de analizar el caso. Harriet y Donnelly S.A. remarcó en la denuncia del hecho nuevo que de la documentación acompañada surgía claramente que la Provincia pretendía proseguir con el reclamo que originó la interposición de la demanda en instancia originaria, e incluso incluyendo los mismos períodos fiscales que habían sido objeto de ésta.

La CSJ dejó sin efecto el llamado de autos para sentencia, y corrió traslado del hecho nuevo denunciado a la Provincia, "con prescindencia de la etapa procesal en que se la invoca, pues en los juicios que tramitan ante la instancia originaria del Tribunal las partes no cuentan con la facultad que, en el marco de los procesos ordinarios de conocimiento sometidos a una doble instancia, le reconoce el art. 260, inc. 5°, apartado a, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para hacer valer hechos nuevos () a fin de incorporarlos regularmente al proceso para su consideración y decisión por el órgano judicial en el momento de dictar la sentencia definitiva (art. 163, incs. 4° y 6° del ordenamiento procesal; conf. Fallos: 328:4818 y 329:1317)" (4).

El fisco contestó el traslado conferido acompañando el Dictamen de la Dirección Jurídica de fecha 23/5/16, del cual surge que se reconoció la medida cautelar a favor del contribuyente, pero que sin embargo, la misma no era "óbice para que la Provincia pueda realizar tareas de fiscalización dirigidas a constatar que las bases imponibles declaradas se correspondan con las respectivas facturaciones y/o ingresos obtenidos por la empresa".

Finalmente, la CSJ dictó sentencia el 31/10/17. Consideró que la provincia demandada determinó a través de su conducta administrativa las condiciones a las que la actora debía someterse. Esto fue a través de la intimación del 25/3/13, del al acta de fecha 22/3/16, así como también mediante el Dictamen de la Dirección Jurídica del 23/5/16, que a su criterio resultaban "reveladores de la actividad local enderezada a aplicar la normativa () impugnada", y por lo tanto la cuestión propuesta por el contribuyente constituía un "caso". Así, nuestro Máximo Tribunal advirtió la existencia de una actividad concreta del fisco provincial dirigida a la determinación o cobro del gravamen. En cuanto al fondo resolvió que las cuestiones planteadas eran sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas en esa misma fecha en la causa "Bayer".

3.- Efectos de las causas "Bayer" y "Harriet y Donnelly"

Proyectos de derogación de las alícuotas diferenciales en las leyes impositivas

En las últimas semanas se ha tomado conocimiento acerca de la intención de algunos gobernadores de eliminar las alícuotas diferenciales, como por ejemplo el de Córdoba. También se ha divulgado el proyecto de reforma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se especifica en el mensaje al Presidente de la Legislatura de la Ciudad que:

"Respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se procede a unificar la alícuota aplicable para los ingresos derivados de procesos industriales, con los objetivos de ya no discriminar más a la industria con planta radicada en otras jurisdicciones y bajar significativamente la presión tributaria en la producción industrial de todos los productos () permitiendo por ejemplo, que a las industrias regionales de todo el país les sea más fácil ofrecer sus productos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así, la alícuota única de industria pasa a ser un 2% (dos por ciento), la que se verá reducida al 1,50% (uno con cincuenta por ciento) para el ejercicio fiscal 2019 y en un 1% (uno por ciento) para el ejercicio del año 2020, ello en consonancia con la política de fomento implementada por el Estado Nacional, otras jurisdicciones provinciales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en avance, sin discriminar si la industria posee establecimiento radicado en esta jurisdicción o en otra" (5).

Por ello el Ministro Dujovne en su conferencia de prensa expresó "vamos a trabajar en conjunto con las provincias en conversaciones que ya se han iniciado para que logremos una rebaja en el impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos y eliminar las aduanas interiores que hoy tenemos que están generadas por los regímenes de retención de extraña jurisdicción, en ese sentido me permito felicitar el paso que han dado la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba anunciando el fin de las retenciones por extraña jurisdicción, que es un paso fundamental para recuperar competitividad en el sector privado" (6).

Otro proyecto que comenzó a circular fue el de la Provincia de Chaco, que directamente recepta la doctrina de la CSJ. En sus fundamentos se expresa: "El 31 de Octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Artículo 12°, inciso E) de la Ley Tarifaria Provincial (referida en el fallo como 2071), modificada por el Artículo 5° de la Ley 7149, dentro de la causa "Harriet y Donnelly S.A. c/Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", Expte CSJ 114/2014. (). Considero que esta Legislatura debe en forma inmediata corregir dicha situación, para evitar costos mayores a la Provincia, dada la posibilidad cierta de reclamos de otros contribuyentes en la misma situación".

¿Se puede iniciar una acción de repetición ante la CSJ?

La CSJ ha sostenido que "la repetición de un impuesto pagado, mediante la declaración de su inconstitucionalidad, hace surgir su competencia originaria, añadiendo que su intervención no puede quedar subordinada al cumplimiento de requisitos exigidos por leyes locales como, por ejemplo, las que imponen el agotamiento de la instancia administrativa" (7). Consecuentemente, ha decidido que, cuando "el demandante ha probado los pagos correspondientes a los períodos involucrados en la demanda () corresponde admitir la repetición pretendida (artículos 34, inciso 4°, y 163, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), frente a la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que constituyeron la causa fuente de las obligaciones tributarias puestas en cuestión" (8).

A mayor abundamiento, es dable recordar la actual doctrina legal sentada por nuestro Máximo Tribunal en la causa "Asociación de Bancos de la Argentina" (9), en donde recordó que la acción de repetición "encuentra su fundamento superior en el principio de que "nadie debe enriquecerse sin causa a costo del otro", regla de proyección patrimonial que no solamente alcanza a las personas privadas sino también al Estado". Sostuvo la CSJ que "el derecho a la repetición de tributos reconoce otro esencialmente jurídico que se encuentra en las garantías constitucionales que alcanzan a la protección del contribuyente frente a posibles desvíos de la leu o en su aplicación". De esta forma, consideró a la acción de repetición como uno de los "medios defensivos de los intereses de los contribuyentes, traducidos en recursos judiciales () que nacen de la constitución".

Este caso resulta relevante debido a que la CSJ retomó su doctrina sentada en "P.A.S.A." (10), manifestando que "el interés inmediato y actual del contribuyente que paga un impuesto, existe con independencia de saber quién puede ser, en definitiva, la persona que soporte el peso del tributo, pues las repercusiones de éste determinadas por el juego complicado de las leyes económicas, podrían llevar a la consecuencia inadmisible de que en ningún caso las leyes de impuestos indirectos y aún la de los directos en que también aquélla opera, pudieran ser impugnadas como contrarias a los principios fundamentales de la Constitución Nacional". Concluyendo que "siempre se ha reconocido interés y personería a los inmediatamente afectados por un impuesto para alegar su inconstitucionalidad sin tomar en cuenta la influencia que aquél pudo tener sobre el precio de las cosas, ni quién sea el que en definitiva los abona, extremos ambos sometidos a reglas económicas independientes de las leyes locales; que jurídicamente el derecho a repetir un pago sin causa o por causa contraria a las leyes corresponde a quien lo hizo siendo su devolución a cargo de la persona pública o probada que lo exigió".

Recientemente, en la causa "Desarrollos al Costo" (11), en donde el contribuyente interpuso una acción declarativa a los fines de que se declare la inconstitucionalidad de un artículo de una ley provincial, solicitando además la restitución del tributo abonado en exceso, la CSJ resolvió que "frente a la inconstitucionalidad de la disposición legal que constituyó la causa fuente de la obligación tributaria puesta en cuestión, corresponde admitir la repetición pretendida". Sin embargo, en la misma fecha en que la CSJ se pronunció en la causa "Desarrollos al Costo" dictó sentencia en sentido contrario en el expediente "Estremar" (12).

En este último caso, el contribuyente promovió demanda de repetición a fin de que se le devuelvan las sumas que había ingresado a la Provincia, fundando su pedido en la sentencia dictada el 29/4/15 en la causa CSJ 78/2010 "Estremar S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ Acción declarativa d inconstitucionalidad", en la que se hizo lugar a la demanda y se declaró la inconstitucionalidad del tributo. Señaló que a pesar de haber iniciado la acción a los efectos de cuestionar la gabela, igualmente la abonó por los períodos involucrados a fin de poder continuar con su actividad económica pero que, una vez que el tributo fue declarado inconstitucional, entendió que dichos pagos fueron realizados sin causa. La CSJ en esta oportunidad sostuvo que "el cobro de impuestos no constituye una causa civil, pues se trata de una carga impuesta a personas o cosas con un fin de interés público, y su percepción, un acto administrativo (Fallos: 304:408 y 314:862), de manera que sólo podrá discutirse en esa instancia la validez de un tributo cuando es atacado como exclusivamente contrario a la Constitución Nacional (Fallos: 303:928; 304:995 y 314:862)". Agregando que "el respeto de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas en que se pretende obtener la repetición de impuestos provinciales, puesto que versan sobre aspectos propios del derecho público local (Fallos: 308:2057 y 2564)". Puntualmente aclaró que "si bien la declaración de inconstitucionalidad produce efectos sólo para el caso resuelto, la eficacia del pronunciamiento dictado en la causa CSJ 78/2010, en la que se declaró al invalidez constitucional del artículo 3 de la ley local 854, debe considerársela extendida a los períodos del gravamen local que se denuncian como pagados durante la sustanciación del proceso antecedente". En consecuencia, la CSJ se declaró incompetente para entender en el caso "ya que los fundamentos de la pretensión no resultan suficientes para justificar su radicación en la instancia originaria., dado que no subsiste en el sub lite un planteo que suponga un agravio directo a la Constitución Nacional, ni la necesidad de dilucidar si la potestad tributaria ejercida interfirió en un ámbito que es propio de la Nación, porque ello ya ha sido examinado en el pronunciamiento CSJ 78/2010".

Ante las eventuales derogaciones del régimen de alícuotas diferenciales en algunas jurisdicciones y ante la doctrina de la CSJ sentada el pasado 31 de octubre, resulta razonable que los contribuyentes afectados se planteen la posibilidad de iniciar acciones de repetición ante la instancia originaria de la CSJ. En efecto, este tipo de planteos ya fueron realizados. Se destaca que en materia de alícuota diferencial, la CSJ se ha declarado competente en acciones declarativas interpuestas junto con repeticiones (13). Existen, asimismo, expedientes de características similares que actualmente cuentan sólo con el dictamen de la PGN que declara la competencia de la CSJ (14).

Respecto al cómputo del plazo de prescripción a los efectos de estipular los períodos que se podrían repetir, resultaría acertado aplicar la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal in re "Bruno" (15). De esta forma se aplicaría el plazo decenal establecido en la Ley 340 para aquellos pagos ingresados con anterioridad a la vigencia del actual Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que la CSJ "ha expresado con particular énfasis que ni el legislador ni el juez podrán, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en este caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema" (16).

En cuanto a la tasa de interés que resultaría aplicable, surge de algunos precedentes de la CSJ que los tributos se deberán devolver "con más los intereses que se computarán desde la oportunidad en que fue percibido hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (conf. Causas: S.457.XXXIV "Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", del 19 de agosto de 2004; "Goldstein, Mónica c/ Santa Cruz, Provincia de" (Fallos: 328:1569) y "Tortorelli, Mario Nicolás c/ Buenos Aires, Provincia de y otros" (Fallos: 329:4826), entre otros)" (17).

4. Se cumplió sin tropiezos una muerte tan anunciada. Reflexiones finales

A partir del análisis realizado se pueden esbozar las siguientes afirmaciones:

- La CSJ considera que el "acto en ciernes" no necesariamente debe ser una resolución determinativa de oficio

Queda claro que la causa "Harriet y Donnelly" no resulta ser la primera oportunidad en donde la PGN difiere con la CSJ en lo que se refiere al concepto de "acto en ciernes". En efecto, en "Asociación Mutual Sancor" (18) la PGN opinó que no existía actividad administrativa suficiente como para poner en tela de juicio el derecho que se invocaba, toda vez que las tareas de inspección no implicaban una pretensión fiscal al no haber mediado una intimación de pago. Sin embargo, la CSJ consideró que mediaba entre las partes una vinculación de derecho que traduce un interés serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida. Así remarcó que durante el desarrollo de aquellas tareas de inspección la AFIP le había hecho saber a la actora que conforme a su postura debía ingresar el impuesto, poniendo en conocimiento los importes que debía abonar. La CSJ adicionó la existencia de consultas vinculantes sobre el tema en debate en donde el fisco había emitido su postura.

- La CSJ resultaría competente para pronunciarse sobre una repetición con las limitaciones sentadas en "Estremar"

No cabe ninguna duda de que la CSJ resultaría competente para resolver planteos de repetición en materia de alícuota diferencial. Incluso recientemente, en una causa que se encuentra actualmente en trámite, en la cual el contribuyente solicitó que se condene a la provincia demandada a la devolución de sumas que pagó bajo protesto y se declare la inconstitucionalidad del régimen, la CSJ reiteró su competencia al rechazar la excepción de incompetencia opuesta por el fisco en oportunidad de contestar demanda (19).

Ahora bien, siguiendo lo resuelto en "Estremar", podría deducirse que no se deberían iniciar repeticiones puras si existieron previamente declaraciones de inconstitucionalidad por la CSJ sobre la causa de la obligación. Esto es debido a que la repetición por sí misma, cuando ya existe pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la causa fuente de la obligación tributaria, no supone un agravio directo a la Constitución Nacional.

No se puede dejar de mencionar que la CSJ tan sólo unos días antes de pronunciarse en "Estremar" abrió su competencia en la repetición interpuesta por Aerolíneas Argentinas S.A. (20). En esta causa se promovió acción de repetición a los fines de obtener el reintegro del ISIB respecto de operaciones de transporte internacional aéreo de personas y mercaderías, en la medida en que sus vuelos se hayan originado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La CSJ al abrir su competencia originaria, manifestó que la cuestión planteada resultaba sustancialmente análoga a la examinada y resuelta en la causa CSJ 278/2014 "Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción declarativa de certeza", sentencia del 21/4/15, en donde otorgó una medida cautelar y actualmente se encuentra abierta a prueba. Se podría deducir entonces que la CSJ no rechazó in limine la acción interpuesta por Aerolíneas Argentinas S.A. toda vez que la acción declarativa que tramita por expediente separado aún no se ha resuelto.

- La CSJ históricamente ejerció su función de Máximo Tribunal sin ignorar los intereses del Estado

No debe omitirse la consideración que todo lo antes expuesto tramitará en el ámbito de la realidad que vivimos, donde es de esperar que se haga justicia por la justicia misma, sin importar la consecuencia fáctica que ello podría acarrear, evitando que los legítimos reclamos de los contribuyentes afectados, pudieran de otro modo mantenerse reservados al platónico mundo de las ideas.

(1) "Orbis Merting SAIC c/ GCBA y otros s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAYT) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. 11853/15, TSJ, 17/5/2017.

(2) "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", expte. CSJ 505/2012.

(3) "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", expte. CSJ 114/2014.

(4) Proveído del 17/6/16.

(5) Proyecto de ley N°: INLEG-2017-24629662- -AJG.

(6) "La reforma tributaria. Las declaraciones del Ministro Dujovne con motivo de su presentación en el Ministerio de Hacienda", Rapisarda, Mario, Editorial Errepar, Cita digital: EOLDC096873A.

(7) Fallos: 167:5 y 316:2182, entre otros.

(8) "Carindú S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición de impuestos", expte. C.4120.XXXVIII.,3/8/10, entre muchos otros.

(9) "Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otro s/ acción de repetición y declarativa de inconstitucionalidad", CSJ expte. A.2103.XLII., 11/11/14.

(10) Fallos: 297:500

(11) "Desarrollos al Costo" S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. CSJ 311/2013, 12/7/16.

(12) "Estremar S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ Acción de repetición", expte. CSJ 4969/2015, 12/7/16.

(13) Exptes. CSJ 110/2015, 23/2/16; CSJ 4245/2015, 29/11/16; y CSJ 4996/2015, 29/12/16.

(14) Exptes. CSJ 2159/2016, 13/2/17; CSJ 2316/2016, 4/4/17; CSJ 2317/2016, 4/4/17; CSJ 2318/2016, 20/4/17; CSJ 2319/2016, 4/4/17; CSJ 643/2017, 27/6/17; CSJ 754/2017, 4/7/17; CSJ 1246/2017, 14/9/17; CSJ 1330/2017, 14/9/17; CSJ 1404/2017, 25/10/17; CSJ 1406/2017, 25/10/17; y CSJ 1405/2017, 25/10/17.

(15) "Bruno, Juan Carlos c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad", expte. B.897.XXXVI., 6/10/09

(16) Fallos: 137:47, 152: 268, 163:155; 178:431; 238:496.

(17) "Argencard S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ demanda de repetición", expte. A.1136.XL., 29/11/11.

(18) "Asociación Mutual Sancor c/ AFIP DGI s/ acción meramente declarativa de derecho", expte. CSJ 78/2014, 14/4/15.

(19) "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - repetición de impuesto", expte. CSJ 110/2015, 15/8/17.

(20) "Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de repetición", expte. CSJ 46287/2015, 28/6/16.

La Dra. Laura Karschenboim, es abogada especializada en Derecho Tributario y ha efectuado trabajos publicados en la revista Consultor Tributario de Editorial Errepar y en el Suplemento Fiscal y Previsional del Diario El Cronista; y su dirección de mail es: (karschenboim.laura@gmail.com)

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