Donald Trump demandó a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, y reclama al menos u$s 5.000 millones en daños por la acusación de que el mayor banco de Estados Unidos cerró de manera injusta sus cuentas por motivos políticos.
La demanda representa una escalada significativa en una disputa latente entre Trump y el grupo de Wall Street en torno a la cuestión de si él y otras personas fueron excluidos del sistema bancario por razones políticas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varias empresas vinculadas a su marca presentaron la demanda el jueves ante un tribunal estatal del condado de Miami-Dade. Acusaron al banco de haberse distanciado de Trump y de sus compañías afiliadas después de que dejara el cargo en 2021, como resultado de “creencias ‘woke’ no fundamentadas”.
La presentación judicial sostiene que la “decisión unilateral del banco se produjo como resultado de motivaciones políticas y sociales” para separarse del “presidente Trump y de sus posturas políticas conservadoras”.
Según la demanda, JPMorgan cerró las cuentas “porque creyó que la marea política del momento favorecía hacerlo”.
Trump afirmó que el banco notificó a los demandantes el 19 de febrero de 2021 que varias de sus cuentas serían cerradas en un plazo de dos meses, lo que les habría causado perjuicios financieros y reputacionales.
La demanda también alega que Dimon ordenó incluir a Trump y a sus empresas en una “lista negra” integrada por “individuos y entidades que tienen un historial de actos indebidos y que no cumplen con las normas del banco”.
JPMorgan afirmó el jueves: “Si bien lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda carece de fundamento. Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos; para eso están los tribunales”.
El banco agregó que no cierra cuentas por razones políticas o religiosas, sino porque “generan un riesgo legal o regulatorio para la compañía”, y que a menudo lo hace por exigencias normativas y regulatorias.
La demanda se conoció un día después de que Dimon elogiara a Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, al señalar que el presidente estadounidense tenía razón al advertir sobre “debilidades” en la OTAN y dentro de Europa, y al destacar sus esfuerzos por reequilibrar las relaciones comerciales de Estados Unidos.
No obstante, el CEO de JPMorgan aclaró que “en general no es partidario de los aranceles” y advirtió que el plan de Trump para fijar un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito sería un “desastre económico”.
Trump ha criticado a los bancos estadounidenses por su reticencia a ofrecerle servicios bancarios tras su salida de la Casa Blanca en 2021. JPMorgan reveló en noviembre pasado que el gobierno estaba investigando si había brindado un acceso bancario justo a sus clientes.
El banco señaló: “Hemos pedido tanto a esta administración como a administraciones anteriores que cambien las reglas y regulaciones que nos colocan en esta situación y apoyamos los esfuerzos del gobierno para evitar la utilización política del sistema bancario”.
Las entidades financieras sostienen de forma consistente que no niegan el acceso bancario por motivos políticos, pero advierten que la supervisión adicional requerida para ciertos clientes o actividades sospechosas puede llevar a la finalización de relaciones. Esto puede incluir a las denominadas personas políticamente expuestas (PEP) o a individuos vinculados a industrias controvertidas, como la marihuana.
Los bancos deben realizar controles adicionales al incorporar a PEP, ya que se considera que estas personas son más susceptibles al lavado de dinero o a la financiación del terrorismo debido a su perfil y conexiones.
Esta es la última demanda impulsada por Trump en su segundo mandato, mientras avanza con ofensivas legales contra quienes considera sus oponentes, tanto a título personal como —según críticos— a través del Departamento de Justicia, que rechazó acusaciones de interferencia política.
Trump también apuntó contra empresas de medios: el mes pasado demandó a la BBC por u$s 10.000 millones por una edición engañosa de un discurso suyo en un documental. El jueves, además, amenazó con iniciar nuevas acciones legales contra The New York Times tras la publicación de una encuesta que mostraba bajos niveles de aprobación de su gestión.