Se acerca el momento de llevar a juicio a Donald Trump

Hay que compadecerse de Merrick Garland. Cualquiera que sea el camino que tome el fiscal general de Estados Unidos -procesar o no a Donald Trump- conlleva un gran riesgo. Llevar a juicio al expresidente aceleraría la deriva del país hacia la violencia política. Dejarlo libre haría que otro intento de golpe de Estado fuera más probable. Garland tiene todas las de perder, haga lo que haga. Cualquiera de las dos opciones pudiera poner en peligro la democracia estadounidense.

Las pruebas acumuladas por el comité de la Cámara de Representantes estadounidense están haciendo que sea mucho más difícil ignorar el asunto. El dilema de Garland es extremadamente serio. El nivel de prueba para una condena penal es considerablemente más alto de lo que los observadores de las protestas del 6 de enero carentes de conocimientos legales pudieran suponer. Un enjuiciamiento fallido fortalecería a Trump e incluso ayudaría a su reelección. Cuando se ataca a un rey -incluso a uno anterior- hay que darle jaque mate.

La tarea de Garland sería demostrar más allá de toda duda que Trump tenía intención criminal, un serio reto que implica demostrar no sólo que él intentó anular las elecciones, sino que también estaba plenamente consciente de que lo que estaba haciendo era ilegal. Sabemos que Trump intentó revertir el resultado. Demostrar que él sabía que sus acciones eran criminales significa meterse en su cabeza. La comisión del 6 de enero está facilitando mucho esa labor.

Los críticos de las audiencias han dicho que es un ejercicio partidista. En cierto modo tienen razón. Casi todos los testigos -incluyendo a la hija del expresidente, Ivanka Trump; a su fiscal general, Bill Barr; a su ex director de campaña, Bill Stepien; a numerosos abogados de su campaña; a personal de la Casa Blanca; y a funcionarios electorales estatales- son republicanos. El comité de mayoría demócrata, el cual incluye a dos republicanos, ha sido disciplinado a la hora de exponer los hechos sin permitirse dar sermones.

El efecto de tener un testigo republicano tras otro declarando que a Trump se le había informado que la victoria de Joe Biden era legítima, que sus planes para revertirla eran inconstitucionales, y que él, aun así, amenazó a quienes no obedecieron sus órdenes, deja poca cabida para dudas. Parece que Trump sabía que estaba tratando de anular una elección justa. La única duda pareciera ser si sus abogados argumentarían que él no estaba en su sano juicio (aunque esa defensa descartaría que se postulara de nuevo para el cargo).

Un enjuiciamiento fallido fortalecería a Trump e incluso ayudaría a su reelección. Cuando se ataca a un rey -incluso a uno anterior- hay que darle jaque mate.

Los que presionaban a Trump para que aceptara una transición ordenada del poder se refieren a sí mismos como el "equipo normal", según Stepien. Éste incluía a su vicepresidente, Mike Pence, y a los asesores legales de la Casa Blanca. El otro equipo incluía, notablemente, a John Eastman, un ex secretario de la Corte Suprema y el arquitecto del plan para que Pence rechazara los resultados, quien admitió ante sus colegas que su estrategia era inconstitucional. El equipo "anormal" estaba consciente de su intención. Eastman incluso solicitó un indulto presidencial por adelantado, lo cual implica una sólida prueba de culpabilidad.

Entonces, ¿qué es lo que está frenando a Garland? Casi nadie lo sabe con seguridad, y los pocos que lo saben no están hablando. Garland es escrupuloso a la hora de mantener su proceso en secreto. Además, es un defensor de la independencia del Departamento de Justicia estadounidense. Dado que Garland fue nombrado por un presidente demócrata, su carga de la prueba es probablemente más alta de lo que la ley exige. Cualquier acusación contra un expresidente tendría que ser 'a prueba de balas', y ser vista como tal. Se dice que Biden está frustrado por la inacción del Departamento de Justicia. Pero al negarse a presionar a Garland, Biden está haciendo lo contrario de lo que haría Trump.

Los demócratas, y los republicanos constitucionales, deberían tener cuidado de investir a Garland con poderes sobrehumanos. Ellos cometieron ese error con Robert Mueller, el fiscal especial cuyo informe condenatorio de 2019 sobre la colusión de Trump con Rusia -y la obstrucción de los intentos de investigarlo- fue neutralizado por un más cínico manipulador de Washington; el fiscal general Barr emitió una conclusión que exoneró al presidente mientras retrasaba la publicación del informe real. Garland pudiera ser el heredero de Mueller. Él es un servidor público que se atiene a las normas en los libros en un EE.UU. que ha dejado de leer. Los más entendidos de Washington siguen apostando a que Trump se librará de ser procesado.

Sin embargo, los entendidos también deberían evaluar el costo de dejar que Trump se salga con la suya. Aproximadamente el 40 por ciento de los estadounidenses creen que las elecciones de 2020 fueron robadas. Hay sólo un pequeño paso entre rechazar pruebas concretas y creer en mitos aún más oscuros y peligrosos. Si tantos estadounidenses pueden negar lo que ocurrió hace 18 meses, ¿cuán fácil sería convencerlos de que la esclavitud, por ejemplo, fue una mentira? El riesgo de no hacer nada es enorme. La ley no puede ser indiferente al impacto de su moderación.

La opinión generalizada era juzgar las audiencias del 6 de enero en función de si influirían en la opinión pública. Pero cada vez está más claro que su principal público son los fiscales de EE.UU La historia espera ansiosamente la decisión de Garland.