Moscú se prepara para otorgar a los tribunales locales la facultad de apropiarse de propiedades de países extranjeros que se encuentren dentro de Rusia como forma de compensar a los oligarcas locales por los activos confiscados en el exterior como consecuencia de las sanciones occidentales.

Llamada "Ley Villa Rotenberg", después de que el mes pasado fueron congelados las propiedades de lujo que en Italia posee en multimillonario Arkady Rotenberg bajo las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos, provocó quejas vinculadas a que pareciera que el presupuesto estatal se está usando como póliza de seguro para los oligarcas del país.

También crea temores de que los activos extranjeros en Rusia se conviertan en peones del enfrentamiento "en tablas" entre Moscú y Occidente. El proyecto de ley fue criticado hasta por el ministro de Finanzas Alexei Ulyukaev, que dijo que alentaría la exportación de capitales.

Legisladores del partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin forzaron ayer en primera lectura la aprobación del proyecto en la Duma sin contar con los votos del partido Comunista -que normalmente se muestra dócil- ni del partido Demócrata Liberal de extrema derecha.

El proyecto de ley estipula que los ciudadanos rusos cuyos derechos se vean infringidos por tribunales extranjeros, pueden solicitar una indemnización al erario público ruso por la congelación de activos u otras pérdidas. Agrega que un tribunal ruso puede entonces ordenar la apropiación de activos que pertenezcan al estado en cuestión y que se encuentren en Rusia, para reembolsar al estado ruso por el costo.

Algunos políticos de la oposición señalaron que la iniciativa podría generar indignación con el gobierno en un momento en que está recortando el gasto presupuestario en seguridad social en medio de un estancamiento y aumento de la inflación.

"Quiero recordar que no hay dinero en el presupuesto, ni para el cuidado de niños enfermos", aseguró Oleg Nilov, legislador del partido Una Rusia Justa.

Sin embargo, algunos expertos legales creen que los magnates rusos no estarán dispuestos a aprovechar la ley porque para recibir la indemnización tendrían que probar, frente a un tribunal ruso, que son propietarios de los activos en cuestión.

Muchos de los activos que oligarcas rusos tienen en el extranjero forman parte de una compleja red de holdings y fideicomisos offshore, estructuras que les permiten esconder su propiedad del estado ruso. "Le temen al inspector fiscal, les preocupa que el estado ruso quiera adquirir sus empresas; y es por eso que colocan sus compañías bajo jurisdicción extranjera", explicó un abogado extranjero desde Moscú.

Dmitry Gololobov, abogado ruso con sede en Londres que asesoraba a Yukos antes de que la condena a prisión del entonces propietario de la petrolera Mikhail Khodorkovsky provocara el desmembramiento del grupo, escribió en una columna: "Mejor perder esos activos que ir a prisión por quince años".

El proyecto de ley originalmente fue concebido a principios de 2013 como respuesta a la ley Magnitsky, la legislación estadounidense que congelaba activos de una serie de funcionarios rusos en respuesta a la muerte en prisión de un abogado ruso. Pero el gobierno lo había rechazado por considerarla inconstitucional hasta este verano boreal. Sin embargo, a fines del mes pasado, repentinamente pasó a apoyar la iniciativa.

Algunos observadores políticos creen que el Kremlin está viendo la batalla que se viene con los ex accionistas de Yukos. Un panel de arbitraje en La Haya en julio dictaminó para los ex accionistas de Yukos el pago de u$s 50.000 millones por daños y perjuicios. Si el fallo es ratificado y Moscú se niega a cumplirlo, los accionistas pueden perseguir propiedades estatales rusas en otros países para cobrarse la sentencia. El proyecto de ley permitiría al gobierno ruso amenazar con represalias.

"Se puede decir que este proyecto es la ley del divorcio entre Rusia y Occidente", escribió Tatyana Stanovaya, analista del Centro para Tecnologías Políticas.