Desde hace mucho que el duque de Edimburgo se refiere a la familia real británica llamándola la Firma, de modo que no es sorprendente que en estas épocas de austeridad se incorporen elementos relacionados con el desempeño en la Lista Civil, como se denomina a los ingresos para mantener a la monarquía que son aportados por los contribuyentes.

Este tema de la Lista Civil ha sido objeto de discusión desde hace mucho tiempo; en primer lugar por los republicanos, que se oponen al concepto de usar fondos públicos para financiar el lujoso estilo de vida de los royals. Este rechazo se agudizó en medio de las medidas de restricción del gasto aplicadas por el gobierno que, entre otras protestas, motivaron la huelga de ayer de maestros, profesores y empleados del Estado.

Sensible, como siempre, al cambiante viento de la opinion pública, la reina Isabel II ya redujo la escala de la Lista. Sin embargo, tanto ella como el príncipe de Gales siguen exentos del pago del impuesto a la herencia y tienen una fortuna personal estimada por Forbes en torno a los 300 millones de libras (u$s 481 millones). Además, el puesto tiene otras ventajas: es raro que tengan que esforzarse mucho para conseguir reservas en un restaurante, por ejemplo.

Según los términos del nuevo plan, la Lista Civil que tiene 250 años de antigüedad será reemplazado por un nuevo fondo vinculado a un porcentaje de lo recaudado por los bienes inmobiliarios de la Corona, que son propiedades y tierras por valor de 6.600 millones. Cuanto más dinero generen estos bienes, más alto es el potencial de remuneración.

Inicialmente, el pago se fijará en el 15% del retorno generado para el gobierno por los bienes raíces reales. Uno entiende la razón de poner límites porque la Corona es propietaria de las primeras 12 millas náuticas de los mares que rodean Gran Bretaña, zonas muy buscadas para los parques de energía eólica offshore. Nadie quiere incentivar a la monarquía para que llene las costas de molinos de viento.

Cada año, los trustees reales, que incluyen al primer ministro y al ministro de Finanzas, se convertirán en una comisión de remuneración que determinará qué porción de los ingresos requiere la familia para mantenerse; la parte que sobre irá a un fondo de contingencia para los años de vacas flacas.

En Londres, el impacto de los enormes bonus pagados a los ejecutivos financieros de la City incrementó mucho los precios de la propiedad, pero afortunadamente los miembros de la familia real no tienen problemas para encontrar donde alojarse. La reina, sin embargo, ha perdido su amado yate real en una reciente ronda de recortes en el gasto, así que podría pedir que parte de los fondos extra se asignen a la compra de uno nuevo. Parece que el de Bernie Madoff todavía está en el mercado.

Es posible que, con los fondos liberados, la Corona británica quiera aumentar sus propiedades, tal vez con una oferta agresiva dirigida al otro gran terrateniente de la nación, la Iglesia. Después de todo, hay precedentes.

Mucho se habla de los ingresos que genera la monarquía en términos de turismo y publicidad. Con el nuevo enfoque empresarial, podrían seguir el ejemplo de firmas británicas líderes y convertir a los miembros de la familia real con más bajo desempeño en ese campo en compañías independientes, que coticen por separado.

Los beneficios de las fusiones con otras casas reales, con sus posibles sinergias, están históricamente comprobados, pero hay que tener en cuenta el riesgo de desencadenar una nueva oleada de consolidaciones en esa esfera. Tampoco pueden descartarse los takeovers hostiles. Puede que las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña no estén para grandes enfrentamientos en estos días.