Frente a la enormidad de las consecuencias económicas que probablemente deje el Covid-19, los gobiernos deberían prepararse para baches igualmente profundos en las finanzas públicas. Eso no debería ser motivo de alarma. Por el contrario, a menos que los déficit fiscales se amplíen a una escala nunca vista en una crisis financiera mundial, bien podría decirse que la política no logró su cometido.
Entre 2008 y 2010 la deuda pública del G7 de las economías más grandes aumentó entre 10 y 25 puntos porcentuales en relación con el PBI. Los déficit fiscales empeoraron entre 4 y 10 puntos porcentuales. La mayor parte de ello se debió al derrumbe del PBI, lo que redujo la recaudación impositiva y elevó el gasto en partidas como subsidios por desempleo -los "estabilizadores automáticos" de los presupuestos públicos en acción. Una parte menor se debió a los paquetes de estímulo fiscal discrecional desplegados en 2009.
Ahora parece que la actual recesión será al menos tan profunda como la causada por la crisis financiera mundial. Los economistas creen que el PBI de China cayó 13% en los dos primeros meses del año. Es probable que también se contraigan fuertemente las economías de Estados Unidos y de Europa, ya que los viajes internacionales están prácticamente paralizados y gran parte de las ventas minoristas, los servicios y la actividad industrial disminuyeron por el aislamiento y las medidas de distanciamiento social.
Como señala el profesor de economía Pierre-Olivier Gourinchas, si las medidas para contener el virus reducen la actividad económica a la mitad de su nivel normal durante sólo un mes, y luego a tres cuartas partes durante dos meses más, el crecimiento interanual será de alrededor de -10%.
Si la crisis de este año es más profunda que la de 2008-9, deberíamos esperar mayores déficit fiscales que entonces. Pero ni siquiera eso será suficiente. El estímulo fiscal discrecional que se necesita hoy es mucho mayor que el 1,5% del PBI que se aplicó en la UE hace una década.
Eso se debe a que ahora la respuesta fiscal correcta, más allá de obviamente gastar lo que sea necesario en medidas sanitarias, es mantener los ingresos que la gente esperaba percibir si no había virus. Si bien la enfermedad y las medidas de contención provocan un shock temporal (esperemos) de la oferta, las repercusiones sobre la demanda harán que la recesión sea más profunda y prolongada. La desaparición de pedidos, de empleos y pagos de salarios -y la incertidumbre que eso genera- hace que la gente restrinja sus compras mucho más que el efecto directo de la disrupción.
Por eso es un error pensar que no ayuda en nada estimular fuertemente la demanda con el argumento de que se ve limitada por la interrupción del abastecimiento y porque la gente gasta menos cuando se autoaísla. El objetivo de un programa fiscal, concebido para mantener los ingresos de todos durante la recesión, es garantizar que la demanda no disminuya más que esto. La drástica caída de las expectativas de inflación indica que los mercados esperan que la demanda se contraiga mucho más de lo necesario.
¿Cuáles son, según los detractores, los riesgos de un programa de transferencias fiscales masivas? ¿Que la gente no gaste porque físicamente no puede hacerlo? Al menos no van a reducir el consumo porque temen por su futuro, que es justamente lo que puede causar los perjudiciales espirales descendentes en la demanda. ¿O es que la deuda adicional es insostenible? Los bancos centrales se aseguraron de que las tasas de interés ultrajabas se puedan congelar en el largo plazo.
¿O es que la gente sí intenta gastar, pero que las interrupciones en el suministro provocan un pico inflacionario? Sin embargo, eso sería una señal de éxito: probaría que se contuvo una mayor contracción de la demanda. En cuanto la capacidad se reactive, el aumento de la producción hará bajar la inflación. Incluso la demanda acumulada podría crear presión para que se produzca más y mejore la productividad, justo cuando la gente puede estar ansiosa por volver al trabajo y recuperar el tiempo perdido.
La conclusión de todo esto es doble. Primero, los gobiernos deberían tirarse a la pileta y gastar masivamente. Luis Garicano, profesor de economía y parlamentario de la UE, propone un programa de 500.000 millones de euros, es decir, un 4% del PBI de la UE. Incluso eso quizá sea demasiado modesto. Gourinchas sugiere que el estímulo fiscal debería tener el tamaño de la caída del PBI. Si los gobiernos terminan el año con déficits presupuestarios de un solo dígito, lo más probable es que hayan hecho muy poco.
Segundo, la velocidad es esencial cuando se trata de garantizar que la gente no sea más pobre. Eso pone sobre la mesa ideas de políticas que ayer mismo parecían extremas. En EE.UU. se está debatiendo seriamente implementar transferencias universales a todos los ciudadanos como la forma más rápida de darle empuje a la economía real.
En cuanto a la eurozona, se ha llegado a imaginar la mutualización de parte de la nueva deuda para garantizar que los volátiles mercados de bonos no descarrilen el gasto público apuntado a combatir el virus, ya sea mediante bonos comunes o dinero del banco central.
La contención del virus ya está poniendo patas arriba nuestra vida cotidiana. El remedio fiscal bien podría hacer lo mismo con muchas de las habituales ideas económicas.
Traducción: Mariana Oriolo
