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El Gobierno español transmitió un mensaje de calma ante la posibilidad de que Estados Unidos evalúe medidas contra España dentro de la OTAN. Desde el Ejecutivo sostienen que el tratado fundacional de la alianza no contempla la expulsión de países miembros, por lo que consideran inviable ese escenario.
La reacción llega tras conocerse informaciones sobre un supuesto correo interno del Pentágono, difundido por Reuters, en el que se analizaban posibles represalias contra aliados que no acompañaron la estrategia estadounidense en el conflicto con Irán. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez buscó bajar el tono del conflicto y reafirmar la posición española.
El jefe del Ejecutivo reforzó su postura con un mensaje directo: “Nosotros no trabajamos sobre emails, lo hacemos sobre documentos oficiales y posicionamientos del Gobierno de Estados Unidos”.
En esa misma línea, insistió en que España mantiene una “absoluta tranquilidad” frente a estas versiones y defendió el rol del país como socio confiable dentro de la alianza atlántica.
¿Puede Estados Unidos expulsar a España de la OTAN?
Desde el Gobierno remarcan que el tratado constitutivo de la OTAN no incluye mecanismos para expulsar a un Estado miembro. Esta interpretación jurídica es central en la respuesta oficial, que busca desactivar cualquier especulación sobre una eventual ruptura.
En esa línea, fuentes del Ejecutivo recordaron que no es la primera vez que surgen tensiones con Washington en torno al papel de España dentro de la alianza. Sin embargo, insisten en que estos episodios no tienen correlato en decisiones formales ni en procesos institucionales concretos.
El propio Donald Trump ya había planteado en el pasado cuestionamientos hacia España, especialmente por el nivel de gasto en defensa. Aun así, desde Madrid sostienen que el país cumple con los objetivos de capacidades establecidos y mantiene una cooperación activa con sus aliados.
¿Qué hay detrás del conflicto diplomático?
El trasfondo de la tensión se vincula con la postura adoptada por España frente al conflicto con Irán. El Gobierno de Pedro Sánchez cuestionó el accionar militar de Estados Unidos por considerarlo contrario al derecho internacional y decidió no autorizar el uso de bases estratégicas en territorio español.
Esta decisión marcó un punto de fricción con la administración de Donald Trump, que buscaba un mayor respaldo de sus aliados. A esto se suma la negativa de España a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PBI, una exigencia impulsada por Washington dentro de la alianza.
Sánchez profundizó esa posición con otra definición: “La posición de este Gobierno es clara, absoluta colaboración con los aliados, pero dentro del marco de la legalidad internacional”.
La frase, pronunciada en el marco del Consejo informal de líderes europeos en Nicosia, refuerza la línea argumental del Ejecutivo frente a la presión externa.
En paralelo, desde Washington endurecieron el discurso. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó un mensaje directo a los aliados europeos al afirmar: “No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros. Tal vez deberían empezar a hablar menos y subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra”.
La declaración introduce un nuevo nivel de tensión dentro del bloque occidental, al poner el foco en el rol de Europa en la seguridad de una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.
El estrecho de Ormuz concentra buena parte del tránsito global de petróleo, lo que explica la presión de Washington para que sus aliados asuman un mayor protagonismo.
Pese a este escenario, ambos líderes podrían coincidir próximamente en la cumbre anual de la OTAN que se celebrará en Ankara en julio. Ese encuentro será clave para medir el impacto real de estas tensiones y evaluar el futuro de la relación bilateral dentro del bloque.