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En el Senado, el PSOE ha reprochado este viernes a la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, que haya asumido ya como planteamiento propio el concepto de “prioridad nacional” impulsado por Vox. A juicio del PSOE, esto supone “un paso muy grave” en el “blanqueamiento” de una idea que consideran contraria al marco constitucional.
La polémica surge a raíz de las declaraciones realizadas por García en una rueda de prensa previa, en la que, al ser preguntada por los mensajes del papa sobre la inmigración, afirmó que la prioridad nacional “ya se venía haciendo” porque es “distribuir los recursos públicos de algunas ayudas en función del arraigo de esas personas en ese territorio”.
Según el PSOE, estas palabras reflejan que la dirigente popular ha asumido “plenamente” la propuesta de Vox, pese a que —subrayan— entra en conflicto con los principios de igualdad y no discriminación recogidos tanto en la legislación europea como en la Constitución. Los socialistas consideran además que se trata de un “blanqueamiento” y “una justificación injustificable” de este planteamiento político.
Acuerdos con Vox en el foco
El PSOE vincula estas declaraciones con los acuerdos alcanzados entre el PP y Vox en comunidades autónomas como Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde la “prioridad nacional” forma parte de los pactos de investidura.
Para los socialistas, este contexto refuerza la idea de que el Partido Popular está integrando en su discurso propuestas que hasta ahora consideraban ajenas.
Entra en vigor el pacto migratorio europeo
Este enfrentamiento político coincide con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un amplio paquete normativo compuesto por nueve reglamentos y una directiva que introduce cambios relevantes en la gestión migratoria en la Unión Europea.
Aprobado en diciembre de 2023 durante la presidencia española del Consejo de la UE, el pacto ha sido objeto de controversia por su enfoque considerado securitario y por fomentar la externalización de fronteras.
Su implementación se produce, además, un día después de que el papa León XIV criticara la política migratoria europea, señalando que “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”.
Nuevos controles en la frontera
Entre las principales novedades destaca la introducción de un sistema de triaje común en las fronteras exteriores de la UE para personas que llegan sin permiso de entrada. Este proceso incluye reconocimiento médico preliminar, evaluación de vulnerabilidades, identificación, registro de datos biométricos y derivación al procedimiento correspondiente.
Durante este periodo, los migrantes no recibirán autorización de entrada y deberán permanecer a disposición de las autoridades. Aunque el pacto permite extender este proceso hasta siete días, en el caso de España se mantendrá el plazo actual de 72 horas.
Además, se activará un mecanismo de control del respeto de los derechos fundamentales bajo la supervisión del Defensor del Pueblo.
Críticas por la recogida de datos
Uno de los puntos más cuestionados es la ampliación de la recogida de datos biométricos. A partir de ahora, no solo se tomarán huellas dactilares, sino también fotografías faciales y documentación digitalizada. También se rebaja la edad mínima para este registro, que pasará de 14 a 6 años.
Esta información será compartida entre los Estados miembros a través de una base de datos común que incluirá no solo a solicitantes de asilo, sino a todas las personas que lleguen de forma irregular al territorio europeo.
Cambios en el sistema de asilo
El pacto establece tres procedimientos de asilo: uno de frontera, con un plazo máximo de 12 semanas; un procedimiento acelerado, de tres meses; y uno estándar, de hasta seis meses.
En el caso del procedimiento fronterizo, el solicitante no podrá entrar en el territorio mientras se resuelve su situación.
El procedimiento acelerado se aplicará a personas procedentes de países con baja tasa de reconocimiento de protección o considerados “seguros” por la UE, como Colombia o Marruecos, lo que ha generado preocupación entre ONG por posibles limitaciones en las garantías individuales.
Solidaridad obligatoria entre Estados
El nuevo marco también introduce un sistema de solidaridad obligatoria entre los países miembros, que deberán contribuir a la gestión migratoria acogiendo solicitantes o mediante aportaciones económicas. España ha sido definida como un “Estado miembro bajo presión migratoria”, lo que podría traducirse en apoyo adicional.
El Gobierno ha asegurado que mantendrá la red estatal de acogida y ha rechazado medidas como la creación de centros de retorno en terceros países, por tener “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad”.
Un debate en pleno auge
La coincidencia entre la entrada en vigor del pacto europeo y la polémica política nacional refleja el aumento de la tensión en torno a la política migratoria, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.
El debate sobre cómo gestionar la inmigración continúa así marcando la agenda institucional y el enfrentamiento entre partidos.
