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La reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha encendido las alarmas en Europa. El Gobierno español, consciente del posible impacto sobre las empresas nacionales, ha decidido actuar con rapidez para mitigar los efectos de lo que muchos consideran una nueva fase de la guerra comercial entre ambos lados del Atlántico.
En este escenario tenso, Pedro Sánchez ha presentado un ambicioso plan de respuesta económica y comercial, que pretende tanto proteger los sectores afectados como garantizar la estabilidad del tejido productivo nacional.
El anuncio llega en un momento clave para las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, que mantienen uno de los intercambios más importantes del planeta.
Una red de protección inmediata para sectores estratégicos
El Gobierno ha confirmado que activará todos los instrumentos comerciales y financieros disponibles del Estado para poner en marcha una red de protección inmediata. Este plan incluirá medidas de apoyo a empresas exportadoras que puedan verse perjudicadas por los aranceles, así como acciones concretas para reactivar los sectores más golpeados.
Aunque el Ejecutivo reconoce que la exposición directa de España a los nuevos aranceles es limitada, alerta sobre el efecto indirecto debido al peso de socios como Alemania o Francia, cuyas exportaciones podrían arrastrar al conjunto de la economía europea. Además, recuerda que los aranceles también dañarán a consumidores y empresas estadounidenses, al provocar subidas de precios y alimentar la incertidumbre global.
Sumar propone financiar el plan con impuestos a multinacionales
Desde el grupo parlamentario Sumar, el diputado Enrique Santiago ha respaldado el plan gubernamental, pero ha ido un paso más allá. Según su propuesta, los 14.100 millones de euros previstos deberían recaudarse mediante impuestos progresivos a las multinacionales, muchas de las cuales se benefician de la política comercial estadounidense.
Santiago ha argumentado que "el Estado puede adelantar ese dinero, pero no debe asumir en solitario el coste de una decisión ajena e irresponsable". Ha pedido que las grandes empresas tributen de forma justa, como ya recoge el pacto de coalición PSOE-Sumar, que fija un mínimo del 15% de tributación sobre beneficios para las grandes corporaciones.
Además, ha instado al Gobierno a abrirse a nuevos mercados, especialmente en América Latina, Asia y África, y a reducir la dependencia de Estados Unidos. También ha cuestionado el papel de las bases militares norteamericanas en suelo español, señalando el "riesgo" de mantener una relación estrecha con un país que actúa, en sus palabras, "como agresor comercial".
Europa apuesta por la negociación, pero se prepara para responder
El Gobierno español ha reiterado que ni España ni la Unión Europea desean un conflicto comercial, pero también ha advertido que no pueden ignorarlo. En palabras del propio Sánchez, se responderá de forma "unida y proporcional", apelando a una solución negociada, pero sin descartar medidas firmes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha adelantado que Bruselas trabaja en un primer paquete de respuesta a los aranceles al acero y aluminio, y estudia medidas adicionales. El Gobierno español, por su parte, aboga por reforzar el mercado interior europeo, avanzar en la ratificación del acuerdo con Mercosur y diversificar las relaciones exteriores.
Cada día cruzan el Atlántico 4400 millones de euros en bienes y servicios, y la inversión mutua supera los 100.000 millones en ambas direcciones. A pesar de las tensiones, el Ejecutivo insiste en que hay espacio para el diálogo, siempre que se base en el respeto y la reciprocidad. España, según Sánchez, está preparada para defender sus intereses con firmeza.
Artículo escrito con información de EFE
