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La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de los españoles que obtuvieron la nacionalidad a través de la instrucción gubernamental que desarrolla la ley de nietos.
El Ministerio Público también reclama que las personas afectadas puedan personarse en el procedimiento judicial para defender sus intereses, en vísperas del cierre del censo electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.
La petición llega después de que la Abogacía del Estado advirtiera de la imposibilidad material de revisar a tiempo los casi 170.000 expedientes afectados por la medida cautelar.
El alto tribunal prevé resolver este mismo fin de semana si mantiene o levanta la suspensión, ya que el plazo para fijar el censo electoral concluye el lunes 12 de octubre, conforme a la legislación electoral.
¿Por qué la Fiscalía pide levantar la suspensión del voto?
En sus alegaciones, el Ministerio Público sostiene que el adelanto electoral puede haber alterado la ponderación de los intereses en conflicto que el Supremo debe valorar para decidir sobre las medidas cautelares. Por ello, solicita que la Sala de lo Contencioso-Administrativo no lleve a cabo la revisión de los expedientes cuestionados durante este proceso electoral.
La Fiscalía advierte de las dificultades para ejecutar la resolución judicial dentro de los plazos electorales. El censo de estos comicios tiene como fecha de cierre el pasado 1 de agosto y ofrece un margen mínimo para introducir modificaciones, lo que complica la aplicación de la suspensión acordada por el tribunal.
Además, el Ministerio Público señala que la ejecución del auto podría provocar una suspensión continua y progresiva de inscripciones en el censo, tanto antes de las elecciones como después de la votación. Esta circunstancia, según las fuentes fiscales, plantea problemas de seguridad jurídica y legalidad.
¿Qué ocurrirá con los casi 170.000 expedientes afectados?
La Abogacía del Estado también ha pedido al Supremo que tenga en cuenta las dificultades para revisar los expedientes antes del cierre del censo. Según sus alegaciones, la imposibilidad material de completar esa tarea se ha agravado con el adelanto electoral, ya que el plazo previsto inicialmente para certificar los casos se ha reducido hasta el próximo lunes por exigencia de la LOREG.
El tribunal debe decidir si mantiene la suspensión cautelar de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la instrucción gubernamental vinculada a la ley de nietos. La medida contempla una excepción para quienes presenten una certificación de los registros consulares que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos.
En paralelo, Iustitia Europa, uno de los partidos que recurrieron la instrucción, ha solicitado suspender las elecciones generales durante el tiempo estrictamente indispensable para ejecutar la resolución judicial.
De forma subsidiaria, ha propuesto identificar informáticamente los votos de los electores afectados para que puedan rastrearse y revisarse en el escrutinio general si una futura sentencia estima el recurso. La formación sostiene que la falta de medidas podría comprometer la seguridad jurídica del proceso electoral.