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El Tribunal Supremo rechazó suspender el derecho a voto de 189.678 hijos e hijas de personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos. La decisión les permitirá participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque sus progenitores continúan afectados por una suspensión cautelar.
La resolución, notificada este lunes 9 de noviembre, responde a las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa. El alto tribunal consideró que la proximidad de los comicios dificulta una revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con las garantías necesarias.
En paralelo, el Supremo rechazó las peticiones de varias asociaciones y particulares para levantar la suspensión que afecta a otros 162.454 nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática de 2022. Por tanto, la restricción sobre este último colectivo continúa vigente, salvo para quienes acrediten su condición de descendientes de exiliados.
¿Por qué el Supremo permite votar a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos?
La Sala de lo Contencioso-Administrativo reconoció que existe una relación entre ambos colectivos. En su resolución, sostuvo que “si se cuestiona la inscripción” de los progenitores en el CERA, “en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos”.
Sin embargo, el tribunal advirtió de que existen “serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva” de una nueva suspensión cautelar a tan pocas semanas de las elecciones. La medida exigiría actuaciones coordinadas entre distintas administraciones y organismos responsables del proceso electoral.
Los magistrados señalaron que ya transcurrió más de la mitad del período electoral y que faltan apenas dos semanas para el inicio del depósito del voto en urna en los consulados españoles. En ese contexto, una revisión del censo podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso.
Por este motivo, el Supremo concluyó que suspender ahora el voto de estas 189.678 personas podría provocar una “perturbación grave de los intereses generales”. La decisión no supone una validación definitiva de sus inscripciones, sino el rechazo de una medida provisional antes del 29-N.
¿Quiénes no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre por la ley de nietos?
La suspensión cautelar continúa vigente para 162.454 personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos. La medida afecta a quienes no hayan acreditado su condición de descendientes de exiliados, según los términos establecidos por el tribunal.
El Supremo rechazó reconsiderar esta restricción, pese a las alegaciones presentadas por asociaciones y particulares. La Sala insistió en que sus decisiones buscan proteger la seguridad jurídica y garantizar la certeza del censo electoral.
La resolución tampoco obtuvo el respaldo unánime de los seis magistrados. Antonio Jesús Fonseca-Herrero emitió un voto particular en el que defendió extender la suspensión a los hijos de los nacionalizados, al considerar que debía mantenerse una línea de actuación coherente.
Por su parte, la magistrada Ana Millán respaldó que los 189.678 descendientes puedan votar, aunque discrepó de parte de los argumentos de la mayoría. A su juicio, las nuevas medidas cautelares solicitadas no guardan relación suficiente con el objeto del procedimiento judicial.
De esta manera, el 29-N tendrá dos situaciones diferentes para los beneficiarios de la ley de nietos: los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad podrán ejercer su derecho a voto, mientras que los 162.454 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar seguirán excluidos, con la excepción establecida para los descendientes de exiliados.