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El Partido Popular reclamó este martes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la Audiencia de Badajoz condenara a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. La formación considera que la sentencia evidencia que “nadie está por encima de la ley” y sostiene que el fallo debería tener consecuencias políticas para el Ejecutivo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros dirigentes del partido defendieron que la resolución judicial marca un nuevo episodio en el entorno del presidente del Gobierno y reiteraron que Sánchez debería abandonar el cargo. Mientras tanto, el Ejecutivo rechazó el fallo, defendió la inocencia de David Sánchez y anunció que confía en que instancias superiores reviertan la condena.
Feijóo vincula la sentencia con una petición de dimisión del presidente
A través de un mensaje en la red social X, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la condena demuestra el funcionamiento del Estado de Derecho. “Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles”, expresó.
El líder popular recordó además que, a su juicio, esta es la tercera condena en el entorno del presidente del Gobierno, tras las del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el exministro José Luis Ábalos.
La sentencia de la Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.
El PP endurece sus críticas y asegura que el fallo “debería hacer caer el Gobierno”
Desde el Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, afirmó que este martes es “otro día histórico de la democracia española” al considerar que, por primera vez, un presidente del Gobierno tiene a un hermano condenado “por un delito de prevaricación y cooperación necesaria con cargos socialistas”.
Muñoz insistió en que Pedro Sánchez “hace mucho tiempo” que debería haber dimitido y recordó que, además de este caso, el entorno del presidente cuenta con las condenas de García Ortiz y Ábalos, así como otros procedimientos que siguen siendo investigados.
“Ya son muchos, hoy es uno más”, declaró la portavoz en los pasillos del Congreso, donde se celebraba un pleno extraordinario para debatir, entre otros asuntos, la senda de déficit. Además, sostuvo que cualquier primer ministro europeo presentaría su dimisión tras una situación similar y criticó que el presidente se encontrara “festejando el 14 de julio” en Francia mientras se conocía la sentencia.
La dirigente popular también cuestionó a quienes califican la resolución judicial de lawfare “sin haberse leído el auto” y aseguró que la sentencia acredita que David Sánchez “conocía que le iban a regalar una plaza, simuló la legalidad en el concurso de esa plaza en las oposiciones y sabía que no iba a trabajar”.
Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, afirmó que la sentencia “condena al sanchismo” e “inhabilita a Sánchez para seguir ni un día más como presidente del Gobierno”.
En paralelo, Muñoz se refirió al nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la exmilitante socialista Leire Díez y sostuvo que el documento “acredita” que el PSOE le pagó 43.225 euros a través de dos intermediarios. Según la portavoz, ello demostraría que el Gobierno “ha mentido” al presentar a Díez como “una persona independiente que no la conocía nadie”.
El Gobierno rechaza la sentencia y denuncia una causa política contra el entorno de Sánchez
El Ejecutivo calificó de “barbaridad” e “injusticia” la condena contra David Sánchez y defendió que es “evidente” su inocencia, al considerar que la decisión judicial se ha adoptado sin pruebas. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó su confianza en que instancias judiciales superiores reviertan la resolución mediante el recurso que prevén presentar.
El Gobierno mantiene también la inocencia del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa relacionados con la contratación de David Sánchez.
Según fuentes del Ejecutivo, durante el juicio quedaron desmontadas todas las acusaciones y no se acreditó la comisión de ningún delito. Además, consideran que la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abrió “un precedente muy peligroso para la democracia” y sostienen que las organizaciones ultraderechistas, con el apoyo del PP y Vox, promueven estrategias que desembocan en resoluciones judiciales que consideran injustas.
El Ejecutivo insiste en que la sentencia responde a una causa política dirigida contra la familia del presidente del Gobierno, al igual que ocurre, según su interpretación, con el procedimiento abierto contra Begoña Gómez. En ese contexto, asegura que seguirá confiando en la Justicia y que no contempla que esta resolución provoque la caída del Gobierno.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó en redes sociales que “se están tensando las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”. Posteriormente calificó a Feijóo de “cobarde” e “incapaz”, acusó al PP de practicar “albañilería judicial” y sostuvo que la oposición llegará a las elecciones de 2027 con “una colección de autos y sentencias judiciales como único argumento”, sin un proyecto alternativo de gobierno.
