En esta noticia
A menos de tres semanas de las elecciones generales, miles de españoles del exterior siguen sin saber si podrán votar. El Tribunal Supremo mantiene suspendidos de forma cautelar los efectos electorales de las nacionalidades concedidas por la vía de la llamada Ley de Nietos, y el Gobierno cifró en 163.355 las personas potencialmente afectadas. De ellas, solo 901 han acreditado ser descendientes de exiliados y podrán votar.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de la Emigración de la Xunta de Galicia y una de las voces del Partido Popular en materia de españoles en el exterior, analiza para El Cronista España el impacto de la decisión y las propuestas de su partido.
“Respetamos la decisión cautelar del Tribunal Supremo y el Gobierno debe cumplirla”, afirma de entrada. Pero apunta contra el Ejecutivo: “Nos preocupa que, a pocas semanas de las elecciones, muchos españoles del exterior hayan visto cómo se ha puesto en duda su posibilidad de votar después de obtener la nacionalidad siguiendo las indicaciones de la Administración”.
Una decisión cautelar que no anula nacionalidades
La Sala Tercera del Supremo acordó la suspensión el 8 de septiembre, a petición de Vox y de la asociación Iustitia Europa, y la ratificó el 12 de octubre tras rechazar el recurso de la Abogacía del Estado. La medida no retira la nacionalidad a nadie ni frena los expedientes en curso: afecta a la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes no acrediten documentalmente que descienden de exiliados, y se mantendrá hasta que el tribunal dicte sentencia sobre el fondo.
Para Rodríguez Miranda, el origen del problema está en cómo se aplicó la norma. “El Gobierno quiso resolver por instrucción una cuestión que debía debatirse y aprobarse en las Cortes. Una instrucción administrativa no puede ampliar por su cuenta los supuestos que establece una ley”, sostiene. Y añade: “Ahora son los ciudadanos que siguieron las indicaciones de la Administración quienes sufren las consecuencias, por ello el Gobierno debe responder”.
Sobre las alternativas jurídicas para resolver la situación de los afectados antes del 29N, el dirigente no plantea una salida concreta y vuelve a señalar a Moncloa: “El Gobierno ha tenido cuatro años para dar seguridad jurídica a este proceso y ahora son miles de españoles del exterior quienes llegan al 29 de noviembre sin poder votar por culpa del Gobierno de Sánchez”.
La controversia, en cifras
- 901 de 163.000. Son los nacionalizados por la Ley de Nietos que, según la lista entregada por el Gobierno al Supremo, han acreditado descender de exiliados y podrán votar el 29N: apenas el 0,55% de los afectados.
- 2.450.000 solicitudes. Es el total de peticiones de nacionalidad presentadas por la Ley de Memoria Democrática hasta el cierre del plazo, en octubre de 2025. En mayo de 2026, unas 306.000 personas ya tenían la nacionalidad inscrita, según el Consejo General de la Ciudadanía Española.
- 40% desde Argentina. El país concentra cuatro de cada diez solicitudes; solo el consulado de Buenos Aires recibió cerca de 650.000 expedientes.
- 524.852 electores en Argentina. Es el país con más españoles inscritos en el CERA para el 29N, unos 90.000 más que en 2023, dentro de un total de 2.769.645 electores en el exterior, según el INE.
- De 1,5 a 3,2 millones. Los españoles residentes en el extranjero se han más que duplicado desde 2010 y podrían superar los cinco millones cuando se resuelvan todas las solicitudes.
- 408.262 electores más. Es lo que creció el CERA entre las generales de 2023 y el 1 de julio de 2026, un aumento que el Supremo citó para justificar la suspensión.
Una ley de nacionalidad “sin plazos”
Frente a lo que define como una actuación “irregular”, el PP propone una ley de nacionalidad permanente. “Defendemos una ley sin plazos para solicitarla, que reconozca el derecho de los descendientes de españoles que cumplan los requisitos y establezca reglas claras para la inscripción en el censo electoral. Esa es la seguridad jurídica que debió ofrecerse desde el principio”, explica.
Ese será, según asegura, uno de los primeros compromisos si su partido llega al Gobierno: “Si los españoles nos dan su confianza el 29 de noviembre, llevaremos a las Cortes una ley de nacionalidad que dé a los descendientes una vía estable y reglas claras para acreditar su derecho”.
Voto exterior: “Vivir lejos de España no debería hacer más difícil participar”
Rodríguez Miranda reconoce que el sistema de voto desde el extranjero todavía tiene margen de mejora. Recuerda que la supresión del voto rogado fue “un avance que el PP contribuyó a sacar adelante”, pero enumera problemas que persisten: documentación electoral que llega tarde en algunos países y electores que deben recorrer “cientos de kilómetros” para votar en urna.
Su receta pasa por habilitar más puntos de votación “donde la distancia lo justifique”, dotarlos de personal y medios, y hacer un seguimiento de los envíos electorales para resolver incidencias a tiempo, “para que un retraso en el correo no deje a nadie sin votar”.
En el plano consular, propone reforzar las oficinas con mayores demoras y digitalizar los trámites. “Inscribir a un hijo o renovar un pasaporte son trámites básicos que deben resolverse en plazos razonables”, subraya.
El modelo gallego como referencia
Desde su experiencia en la Xunta, el secretario general reivindica la política gallega de retorno como ejemplo para el resto del país. “En Galicia hemos hecho del retorno una prioridad, con presupuesto y programas que acompañan a las familias antes y después de volver”, afirma, y reprocha al Gobierno central la falta de ese compromiso y de coordinación con las comunidades autónomas.
Entre las iniciativas que, a su juicio, podrían extenderse a toda España, destaca las oficinas de retorno, que ofrecen a cada familia un punto de referencia para sus trámites, y el programa Retorna Cualifica Emprego, que permite preparar el regreso con una oferta laboral. Al Estado le pide, además, empezar por agilizar la homologación de títulos.
Preguntado por los argentinos y otros extranjeros que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Nietos y hoy dudan de si podrán votar, Rodríguez Miranda busca transmitir tranquilidad sobre su condición de ciudadanos: “Les diría que su nacionalidad sigue plenamente vigente. Hoy existe un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la participación electoral que debemos respetar”.
“Desde el PP siempre hemos defendido la existencia de unas leyes claras que luego se deben respetar. El Gobierno, al no hacerlo, ha provocado graves daños a los españoles del exterior”.