El debate sobre los alquileres en España vuelve al centro de la escena política. El Gobierno insiste en avanzar con la prórroga de alquileres para contratos que venzan en 2026 y 2027, en una medida que busca dar alivio a millones de inquilinos. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se mostró contundente sobre el futuro del decreto. En un contexto de fuerte tensión política, defendió la iniciativa y apuntó contra las críticas de la oposición y sectores inmobiliarios. La prórroga de alquileres se perfila como una de las medidas clave en materia de vivienda en España, con impacto directo sobre millones de personas que enfrentan subidas de precios y dificultades para acceder a una vivienda. El Ejecutivo mantiene su apuesta por extender los contratos de alquiler que vencen en los próximos años. Según explicó Pablo Bustinduy, la medida avanzará pese a la presión política. “Estoy absolutamente convencido de que la prórroga va a salir adelante, y estoy convencido de ello porque es una medida de interés general que tiene detrás a 2,6 millones de personas para las que supone un alivio absolutamente imprescindible”, afirmó el ministro. Además, reforzó su postura al asegurar que la aprobación se logrará “por encima de todas las campañas organizadas por parte de grandes fondos, de grandes inmobiliarias, campañas del miedo, campañas de disuasión y campañas de chantaje”. La votación del decreto ley ya tiene fecha marcada en el calendario político. El próximo 28 de abril será el momento decisivo en el Congreso. Desde el Ejecutivo sostienen que la discusión sobre la prórroga de alquileres va más allá de esa jornada. Según Bustinduy, “la batalla política que se está librando en materia de vivienda trasciende esta fecha”. El ministro también destacó el papel de la presión social y política: la medida avanzará, dijo, por “la movilización social que va a hacer el coste político de oponerse a esta medida sea inasumible”. De esta forma, el Gobierno busca consolidar apoyos para garantizar la continuidad de la prórroga de alquileres y evitar un impacto negativo sobre los inquilinos. El debate por los alquileres también expone la fuerte grieta política en torno a la vivienda. Desde Sumar, la portavoz Verónica Barbero defendió la medida y cuestionó la postura de la oposición. “Saben perfectamente lo que está en juego, saben que hablamos de casi 3 millones de personas que pueden beneficiarse de esta medida y saben que cuando la gente conoce sus derechos, el poder cambia de manos, y esto les incomoda”, aseguró. Además, apuntó directamente contra el Partido Popular al señalar que “ha vuelto a elegir bando”, en referencia a su posicionamiento frente a la prórroga de alquileres. En paralelo, Barbero dejó claro que la medida sigue vigente actualmente, en un intento por dar certidumbre a los inquilinos en medio de la discusión política. La prórroga de alquileres apunta a extender los contratos de vivienda que vencen en 2026 y 2027, con el objetivo de evitar subidas bruscas o pérdida de vivienda para los inquilinos. El Gobierno estima que la medida podría beneficiar a entre 2,6 y casi 3 millones de personas, lo que la convierte en una de las políticas más relevantes en el actual escenario de vivienda en España. En este contexto, la iniciativa se presenta como un instrumento para contener el impacto del mercado inmobiliario y garantizar estabilidad a las familias. La votación en el Congreso será determinante para definir el futuro de la prórroga de alquileres y su alcance en los próximos años.