

El mercado de alquileres en España ha sufrido transformaciones notables en los últimos años, siendo uno de los cambios más relevantes el aumento significativo en los precios. Esta situación ha impactado tanto a inquilinos como a propietarios.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio del alquiler en España ha aumentado más de un 9% interanual en varias comunidades autónomas durante 2024, con especial incidencia en zonas urbanas como Madrid, Barcelona y Valencia. Esta tendencia ha generado una creciente presión sobre los hogares, especialmente entre los jóvenes y los sectores con ingresos medios y bajos.
Para abordar esta problemática, el Gobierno ha implementado medidas orientadas a regular y limitar las subidas de las rentas, con el fin de proporcionar mayor estabilidad y previsibilidad en el sector inmobiliario.
Una de las principales iniciativas ha sido la promulgación de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, que establece un nuevo marco para la actualización de los alquileres.
La Ley 12/2023, publicada en el BOE el 25 de mayo de 2023, introdujo el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), desarrollado por el INE. Este índice reemplaza al IPC como referencia para la actualización anual de los contratos firmados a partir de esa fecha, con el objetivo de evitar subidas abruptas y mejorar la previsibilidad para los inquilinos.
Dicha normativa establece límites específicos para los incrementos anuales de las rentas, con el objetivo de prevenir aumentos desproporcionados que puedan perjudicar a los inquilinos y desestabilizar el mercado.

Índice actualizado para la revisión de alquileres
A partir del 1 de enero de 2025, se implementó un nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice reemplazó al tradicional Índice de Precios al Consumo (IPC) como referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento.
El IRAV se ha fijado en un 2,2% para enero de 2025, lo que implica que los propietarios podrán aumentar las rentas de sus inquilinos hasta dicho porcentaje máximo en las revisiones anuales.
Es importante destacar que este límite del 2,2% no se aplica de forma retroactiva. Los contratos firmados antes del 25 de mayo de 2023 seguirán rigiéndose por el sistema anterior, que permite la actualización de la renta en función del IPC o del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), según lo estipulado en cada contrato.
Es relevante señalar que este nuevo índice se aplicará exclusivamente a los contratos suscritos a partir del 25 de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Para los contratos anteriores, la actualización de la renta seguirá vinculada al IPC o al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), conforme a lo estipulado en cada acuerdo.

La implementación del IRAV ha suscitado diversas reacciones entre los actores del mercado inmobiliario. Por un lado, asociaciones de promotores y constructores, como APCEspaña, manifiestan su preocupación por la posible "inseguridad jurídica" que esta medida podría acarrear, advirtiendo que podría obstaculizar proyectos de vivienda destinados al alquiler y disminuir la oferta disponible.
Por otro lado, expertos en economía argumentan que, aunque la medida persigue la estabilización de los precios, su impacto podría ser limitado en un mercado caracterizado por una oferta insuficiente.
Desde el Ministerio de Vivienda, en cambio, defienden que el nuevo índice busca proteger a los inquilinos frente a la inflación y fomentar un mercado más equilibrado. Señalan que el IRAV se calcula con criterios técnicos y que su aplicación contribuirá a reducir la volatilidad en los precios del alquiler, especialmente en las zonas declaradas como tensionadas.
Recursos clave para una transición sin complicaciones
Con el fin de facilitar la adaptación a la nueva normativa, el Ministerio de Vivienda ha habilitado para propietarios e inquilinos una herramienta en su sitio web que permite calcular el precio máximo de la renta actualizada conforme al nuevo índice.
Dicha calculadora tiene como objetivo proporcionar claridad y asistir a ambas partes en la comprensión de cómo se implementan los nuevos límites en la actualización de las rentas.
Asimismo, se han implementado medidas adicionales en las zonas designadas como áreas de mercado tensionado, donde la demanda de vivienda supera notablemente la oferta.
En estas regiones, las autoridades autonómicas tendrán la capacidad de aplicar controles más severos, incluyendo la opción de congelar las rentas o establecer límites más estrictos a los aumentos, con el propósito de asegurar el acceso a una vivienda asequible.













