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El mercado del alquiler en España vive un momento de cambio. Miles de contratos firmados hace cinco años comienzan a expirar en los próximos meses, lo que abre la puerta a una nueva etapa marcada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sus efectos a medio plazo.

Con la finalización de los contratos suscritos en 2020, muchos propietarios podrán recuperar sus viviendas sin necesidad de alegar causa justificada, gracias a una cláusula incluida en todos los contratos de arrendamiento vigentes. Esta disposición, prevista en la ley, está generando dudas tanto entre inquilinos como entre propietarios.

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El fin de los contratos firmados en 2020 marca un punto de inflexión

La reforma de la LAU, aprobada en marzo de 2019, fijó una duración mínima obligatoria de cinco años para los contratos firmados entre particulares (siete años si el arrendador era una empresa). Ese plazo se cumple en 2025, momento en el que miles de acuerdos llegarán a su término.

Los nuevos contratos deberán respetar los plazos de aviso y las condiciones de prórroga automática para evitar conflictos entre las partes. (Fuente: Freepik)
Los nuevos contratos deberán respetar los plazos de aviso y las condiciones de prórroga automática para evitar conflictos entre las partes. (Fuente: Freepik)

A través de sus cuentas de redes sociales, El abogado especializado en arrendamientos Alberto Sánchez explicó que, "al cumplirse los cinco años, el propietario puede decidir no renovar el contrato sin necesidad de justificar un motivo".

Esto no se trata de un desalojo inmediato, sino de la aplicación de una cláusula que permite poner fin al contrato al término del periodo legal, siempre que el arrendador haya comunicado su decisión dentro del plazo establecido.

De esta manera, los propietarios que firmaron contratos en 2020 podrán recuperar sus viviendas a lo largo de 2025 si notifican correctamente su intención de no renovar.

La cláusula que permite no renovar tras cinco años

La ley establece que, al cumplirse los cinco años de vigencia, el arrendador puede decidir si renueva o no el contrato. En caso de no hacerlo, la vivienda debe ser desalojada al finalizar el periodo.

Para ejercer este derecho, el propietario debe comunicar su decisión con al menos cuatro meses de antelación respecto a la fecha de finalización del contrato. Si no lo hace, el contrato se prorroga automáticamente durante un año más, manteniendo las mismas condiciones.

El inquilino, por su parte, también puede decidir no continuar, pero debe avisar con dos meses de antelación. Estas reglas buscan equilibrar las posiciones de ambas partes y ofrecer tiempo suficiente para planificar la salida o la búsqueda de una nueva vivienda.

Qué deben saber los inquilinos ante el fin del contrato

Los arrendatarios no pueden ser expulsados antes del vencimiento legal, salvo que exista una causa justificada y reconocida por la ley, como el impago o el uso indebido de la vivienda.

En cambio, una vez transcurridos los cinco años de contrato, el propietario no está obligado a renovar, siempre que respete los plazos de comunicación. Esto ha generado preocupación entre muchos inquilinos que firmaron en 2020, pues a partir de 2025 podrían recibir avisos de no renovación.

Sin embargo, los expertos en derecho inmobiliario recuerdan que la ley no permite desalojos inmediatos ni automáticos. En caso de conflicto, los procedimientos judiciales continúan siendo largos y garantizan derechos tanto a propietarios como a arrendatarios.

Cómo afecta esta situación a los propietarios

Para los propietarios, la finalización de los contratos de 2020 ofrece la posibilidad de ajustar las condiciones del arrendamiento o recuperar la vivienda para uso propio o familiar. También pueden aprovechar la ocasión para actualizar el precio del alquiler de acuerdo con la normativa vigente.

El cambio, no obstante, llega en un momento de alta tensión en el mercado inmobiliario. La demanda de vivienda en alquiler sigue creciendo mientras la oferta se reduce, lo que incrementa los precios en muchas ciudades. Los expertos advierten que el vencimiento masivo de contratos podría agravar esta tendencia.

Según datos del Ministerio de Vivienda, en 2024 los alquileres aumentaron una media del 6,5% en las grandes capitales, y las previsiones apuntan a que la presión continuará en 2025. Por eso, se espera que el Gobierno refuerce las medidas de protección para los inquilinos y amplíe el parque de vivienda asequible.

La ley fija una duración mínima de cinco años para los contratos de arrendamiento entre particulares y siete años cuando el arrendador es una empresa. (Fuente: Freepik)
La ley fija una duración mínima de cinco años para los contratos de arrendamiento entre particulares y siete años cuando el arrendador es una empresa. (Fuente: Freepik)

Un nuevo equilibrio en el mercado del alquiler

Con el fin de los contratos de larga duración, el mercado del alquiler entra en una fase de reajuste. Los propietarios ganan margen de maniobra, pero los inquilinos conservan derechos que evitan desahucios sin aviso previo.

La clave estará en la comunicación y el cumplimiento de los plazos. Solo así podrán evitarse conflictos y garantizar una transición ordenada entre las partes. En un contexto de creciente demanda de vivienda, cada contrato que se renueva o finaliza se convierte en un indicador de hacia dónde se mueve el mercado inmobiliario en España.