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El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas viviendo en un piso del barrio madrileño de Retiro, ha elevado la presión sobre el Gobierno de España para adoptar nuevas medidas en materia de vivienda. En ese sentido, este jueves, Sumar ha reclamado que el próximo Consejo de Ministros apruebe la expropiación de la vivienda, además del real decreto ley de vivienda.
La petición ha sido trasladada por escrito a la parte socialista del Ejecutivo, según fuentes de Sumar, que consideran que, tras la negativa de la propiedad a negociar, la expropiación es ahora el único camino, según publicó hoy la agencia de noticias EFE.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado que el Ejecutivo enviará al Parlamento “de manera urgente” un nuevo real decreto de vivienda y ha pedido a los grupos parlamentarios “responsabilidad” y “altura de miras” para convalidarlo.
Reclaman expropiar la vivienda de Maricarmen en el próximo Consejo de Ministros
Sumar exige al PSOE que la expropiación del piso de Maricarmen se incluya en el Consejo de Ministros del próximo martes. La formación sostiene que el Gobierno no puede permitir que el interés especulativo de un “fondo buitre” prevalezca sobre el interés general después de que la propiedad rechazara las alternativas planteadas para alcanzar un acuerdo.
“La recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda”, apuntan desde Sumar.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también ha reclamado que la medida se apruebe el martes. “El próximo martes el Consejo de Ministros debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres, como pedimos desde Sumar. Sí o sí”, ha indicado en sus redes sociales.
En la misma línea, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado: “La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí”. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha añadido: “El martes que viene, expropiación al fondo buitre de la casa de Maricarmen y Real Decreto de Vivienda. Después de un año negociando, se acabó el tiempo”.
El Gobierno prepara un decreto urgente tras el desahucio de la jubilada
Pedro Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo enviará al Parlamento “de manera urgente” un nuevo real decreto de vivienda. “El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista a las instituciones publicas”, ha subrayado Sánchez durante una rueda de prensa en Nueva York.
El presidente ha afirmado que el Gobierno hará “todo lo que está en su mano” y que no descarta ninguna opción, aunque ha evitado adelantar detalles. También ha recordado que el Congreso derogó el pasado febrero, con los votos del PP, Vox y Junts, el decreto que prorrogaba la moratoria de los desahucios y la protección a los hogares vulnerables.
En ese contexto, Sumar reclama que el nuevo paquete incluya la congelación y prórroga de los alquileres, la regulación de los usos especulativos de la vivienda -como los pisos turísticos, las viviendas de temporada y las habitaciones- y una mayor protección para las familias y los inquilinos frente a “fondos buitre”.
Maricarmen sale del piso en camilla tras siete horas de dispositivo policial
La comisión judicial ejecutó este miércoles el desahucio de Maricarmen, que residía desde hace 70 años en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda. El operativo policial se prolongó durante más de siete horas y terminó con la salida de la mujer a la una de la tarde en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón para revisar su estado de salud.
El litigio comenzó en 2018, cuando el edificio fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. La vivienda estaba sometida originalmente a un contrato de “renta antigua”. La propiedad llegó a exigir a la inquilina un alquiler mensual de 1650 euros, frente a los 500 euros que pagaba anteriormente.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, explicó a las puertas del inmueble que la propiedad rechazó las alternativas planteadas para negociar un acuerdo o retrasar al menos quince días el lanzamiento, con el objetivo de que la mujer pudiera recoger sus pertenencias.