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Urbagestión Desarrollo e Inversión SL ha presentado este jueves al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas residiendo en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, pueda regresar al que fue su hogar hasta el pasado miércoles, cuando se ejecutó el desahucio.
La empresa ha planteado coordinar con el Ayuntamiento y otras administraciones una solución que permita a la mujer disponer de una alternativa habitacional estable y asequible.
Para ello, se ha puesto a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid y de los Servicios Sociales municipales, con el objetivo de que la propuesta pueda resolverse “en el menor plazo posible”.
Urbagestión ha precisado además que no es propietaria del edificio situado en Alcalde Sáinz de Baranda 46, sino únicamente de la vivienda que ocupaba Maricarmen, adquirida a la anterior propietaria del inmueble. Según ha señalado, se trata de la única vivienda que posee en esa localización.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha asegurado, por su parte, que ni la organización ni la abogada de Maricarmen habían recibido información sobre la propuesta anunciada por la empresa.
¿Qué sostiene Urbagestión sobre la renta que se habría planteado a Maricarmen?
La empresa ha negado haber exigido a Maricarmen una renta superior a la que abonaba y ha rechazado las informaciones sobre una supuesta propuesta formulada en 2018 para que comprara la vivienda por unos 250.000 euros o continuara en ella con un alquiler de 1650 euros mensuales. Urbagestión asegura que esas cifras “no fueron formuladas” por la compañía.
Según su versión, hace tres años la abogada de la inquilina realizó un requerimiento escrito para conocer el precio de un posible nuevo arrendamiento. La empresa respondió entonces que podría estudiarse una renta bonificada de entre un 40% y un 50% respecto al precio de mercado.
Urbagestión ha defendido que esa respuesta se utilizó posteriormente para afirmar que pretendía incrementar el alquiler de forma desproporcionada, algo que niega. También ha señalado que la única propuesta de compra que recibió procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas.
¿Qué otras propuestas se plantearon antes del desahucio?
La empresa ha indicado que la voluntad mediadora de Casa 47 no llegó a concretarse en una oferta cierta y por escrito. No obstante, ha reconocido que en las últimas semanas se comunicó verbalmente la posibilidad de establecer una renta de hasta 900 euros mensuales, que sería abonada por Casa 47 y la propia inquilina.
Urbagestión ha señalado que esa posibilidad no precisaba la configuración legal del contrato, el pago de gastos ni otras condiciones necesarias para formalizar el acuerdo. Asimismo, ha asegurado que ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 realizaron una oferta de compra, y ha sostenido que tampoco podían formularla legalmente.
La empresa también ha acusado al Sindicato de Inquilinas de Madrid de ejercer “presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas”, una actitud que, según su versión, habría impedido alcanzar un entendimiento.
Urbagestión presentó en enero una querella criminal contra el sindicato por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y contra el derecho al honor.
La compañía ha lamentado la situación personal de Maricarmen, que permanece ingresada en estado “débil” tras el desahucio, y ha reiterado su respeto a las resoluciones judiciales y a la actuación de los servicios sociales.