Un político propone reducir la edad de imputabilidad a los 12 años y endurecer las penas

El partido liderado por Santiago Abascal ha presentado en el Congreso una propuesta de reforma de la ley del menor con el objetivo de reducir la edad de responsabilidad penal de 14 a 12 años. Además, plantea nuevas sanciones como la pérdida de la nacionalidad para quienes no sean españoles de origen y la expulsión del país en el caso de menores extranjeros.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, defendió la iniciativa argumentando que la legislación actual, en vigor desde hace 25 años, ha quedado "obsoleta" frente al incremento de la delincuencia juvenil. Según el partido, el aumento de delitos cometidos por menores está vinculado a cambios en la sociedad y a la "inmigración ilegal", lo que justificaría un endurecimiento de las penas.

Datos y casos que sustentan la reforma

Durante una rueda de prensa, Millán expuso cifras de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2021, donde se registraron 8433 diligencias archivadas debido a que los investigados eran menores de 14 años. También señaló que, de los 216 casos de abusos sexuales en Madrid, 38 involucraban a menores de esa edad.

Para respaldar su postura, la portavoz recordó el caso de Sandra Palo, una joven asesinada en 2003 por varios menores, como un ejemplo de la necesidad de sanciones más severas. Según Millán, es fundamental establecer medidas más firmes para evitar la reincidencia en delitos cometidos por adolescentes.

Otras iniciativas y críticas al Gobierno

Vox también anunció la presentación de una proposición no de ley sobre la defensa de la familia y la natalidad, advirtiendo del "suicidio demográfico" que enfrenta España. Según sus datos, la tasa de natalidad ha caído drásticamente en las últimas décadas, mientras que el número de jubilaciones supera al de nacimientos.

Por otro lado, la portavoz del partido cargó contra la reforma del Reglamento del Congreso, impulsada por la mayoría de los grupos parlamentarios salvo el PP, Vox y UPN. Millán calificó la medida como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de "limitar la libertad de prensa" y establecer un "relato oficial" que acalle a las voces disidentes.