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El Congreso de los Diputados de España ha aprobado este jueves 10 de septiembre la ley que permitirá acceder a la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y a sus descendientes. La iniciativa, impulsada por Sumar, ha sido respaldada por la mayoría de las fuerzas que sostienen al Gobierno y ha sido considerada un “paso histórico” por representantes saharauis y distintos grupos parlamentarios.
La medida busca dar respuesta a una situación que se remonta a la salida de España del territorio en 1975. Según los colectivos saharauis, entre 80.000 y 120.000 personas podrían beneficiarse de la nueva normativa, que permite solicitar la nacionalidad incluso a descendientes que no tengan residencia legal en España. El texto ha recibido 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones.
¿Quiénes son los saharauis y cuál es su vínculo histórico con España?
Los saharauis son la población originaria del Sáhara Occidental, un territorio del noroeste de África que fue administrado por España hasta 1975. España se retiró del territorio tras los acuerdos del 14 de noviembre de ese año, poniendo fin a su presencia colonial y dejando abierta una disputa que continúa hasta la actualidad.
El territorio se encuentra dividido políticamente entre Marruecos, que controla aproximadamente dos tercios, y el Frente Polisario, movimiento saharaui que defiende una consulta sobre el futuro político del territorio y la independencia.
El vínculo con España explica el argumento de quienes defienden la nueva ley de nacionalidad. Los promotores de la iniciativa sostienen que los saharauis nacidos durante el periodo en que el territorio estaba bajo administración española mantuvieron una relación jurídica e histórica con España que quedó interrumpida tras la retirada del país.
¿Qué saharauis podrán solicitar la nacionalidad española?
La nueva normativa amplía el alcance de la propuesta inicial. Podrán solicitar la nacionalidad española los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, frente al límite de 1976 que figuraba originalmente en la iniciativa.
También podrán beneficiarse sus descendientes, incluso aunque no tengan residencia legal en España. La solicitud deberá presentarse dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, aunque el Ministerio de Justicia podrá ampliar ese periodo durante un año más.
Entre la documentación que podrán aportar los solicitantes figuran un DNI español, aunque esté caducado; el resguardo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU; certificados de nacimiento y libros de familia, entre otros documentos que permitan acreditar el vínculo.
¿Por qué el Gobierno considera que los saharauis tienen derecho a ser españoles?
La iniciativa pretende reparar, al menos parcialmente, lo que los colectivos saharauis consideran el “abandono” producido por España después de su retirada del territorio. La aprobación de la ley supone, según sus defensores, un reconocimiento de los vínculos existentes entre la población saharaui y España antes de 1975.
El texto fue apoyado previamente el 23 de julio por la mayoría de las fuerzas parlamentarias, incluido el PSOE. El PP y Junts volvieron a abstenerse en la votación definitiva, mientras que Vox votó en contra.
La cuestión se produce además en un contexto marcado por el cambio de posición de España sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Los sucesivos gobiernos españoles habían mantenido una posición de neutralidad hasta que Pedro Sánchez respaldó en 2022 la propuesta de autonomía para el territorio planteada por Marruecos en 2007.
En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que consideró que “una autonomía genuina podría representar el resultado más factible” para el futuro del Sáhara Occidental. Mientras tanto, el conflicto continúa sin una solución definitiva y el referéndum de autodeterminación acordado en 1988 todavía no se ha celebrado.