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El PP ha reclamado al Gobierno de España que garantice el uso de la “fuerza legítima” para defender las fronteras españolas ante una eventual nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha planteado en el Congreso qué haría el Ejecutivo “si mañana Marruecos vuelve a invadir Ceuta”.
“España no es una ONG; es un Estado de derecho y un Estado de derecho no renuncia a la fuerza legítima, la ejerce cuando es necesario para defender la ley, la libertad y las fronteras”, ha subrayado Álvarez de Toledo durante el debate de una proposición no de ley del PP que reclama más medios para Ceuta y una “reorientación” de la relación con Marruecos.
El PP pide más medios para controlar la frontera de Ceuta
Álvarez de Toledo ha defendido el “uso legítimo de la fuerza” para proteger las fronteras y ha cuestionado al Gobierno sobre su respuesta ante una nueva crisis migratoria en la ciudad autónoma.
La diputada también ha criticado a Pedro Sánchez por preguntarle al PP si habría disparado contra los migrantes que intentaban entrar en Ceuta a finales de julio, cuando, según ha recordado, murieron 141 personas. “Su buenismo mata”, le ha reprochado al presidente.
Durante el debate también se han producido críticas a la gestión del Gobierno desde algunos de sus aliados, mientras que se ha cuestionado igualmente la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a acoger a menores no acompañados procedentes de Ceuta.
Qué entiende el PP por “fuerza legítima”
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respaldado las palabras de Álvarez de Toledo y ha defendido la legitimidad de recurrir a la “fuerza antidisturbios” y al “control de masas”, en línea con los dispositivos utilizados en manifestaciones.
“Nadie está hablando de disparar”, ha afirmado Muñoz. Según ha explicado, las fuerzas armadas “no disparan en tiempo de paz”, mientras que existen “unidades especializadas” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para las labores de control de masas.
La posición del PP se ha producido en pleno debate sobre las responsabilidades políticas y operativas derivadas de la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.
El Gobierno reclama volver a la normalidad en Ceuta tras la crisis migratoria
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado de “máxima gravedad” las palabras del expresidente José María Aznar sobre la crisis de Ceuta y ha reclamado que el debate político se centre en resolver la situación de la ciudad autónoma.
Bustinduy ha defendido la necesidad de atender especialmente a las 500 niñas, muchas de ellas menores de 13 años, que, según ha señalado, “siguen ahora mismo en una situación muy compleja” y deberían ser trasladadas desde Ceuta a otros territorios españoles.
En paralelo, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha destacado “la necesidad de preservar el principio de legalidad y el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad” en Ceuta tras la crisis migratoria. La fiscal general ha precisado que este objetivo “no está en absoluto reñido con los valores de humanidad”.
Peramato también ha reconocido la labor de los fiscales de Ceuta para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.
