En esta noticia
El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen como meta optimizar el tráfico en los centros urbanos de España mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el territorio nacional. Estas áreas especiales buscan principalmente reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire.
Gran parte de las ciudades que han activado diversas Zonas de Bajas Emisiones, como Madrid y Bilbao, restringen el acceso a los vehículos más antiguos y contaminantes. No obstante, el Gobierno considera que este criterio de exclusión es insuficiente para cumplir con los objetivos y prepara más restricciones que limitarán la movilidad.
En particular, se trata de Mallorca, la provincia que en 2023 recibió alrededor de 400.000 vehículos. Según el propio el propio Consell de Mallorca, esta cifra resulta “insostenible” y debería reducirse en torno a un 65% para mantener niveles asumibles de movilidad en la isla.
Es por eso que el pleno del Consell de Mallorca aprobó el pasado 5 de junio la proposición de ley para regular la entrada y permanencia de vehículos en la isla. El texto establece un techo máximo de coches procedentes del exterior, una limitación de la flota de alquiler y una tasa obligatoria para los vehículos que no tributen en Baleares.
Las nuevas restricciones de movilidad que planea el Gobierno
La proposición de ley llega al Parlament balear después de más de un año de elaboración técnica, consultas públicas y negociaciones con administraciones, navieras, patronales del alquiler de vehículos y grupos políticos.
Tanto el PP como el PSIB han registrado sendas solicitudes de tramitación urgente para reducir a la mitad los plazos ordinarios y lograr que la norma quede aprobada.
El objetivo es que la ley esté en vigor antes de la temporada turística de verano de 2027, cuando se producen los mayores episodios de congestión en las carreteras mallorquinas.
Las compañías navieras serán las encargadas de gestionar las autorizaciones de entrada y el cobro de la tasa, siguiendo un sistema similar al que ya funciona en Ibiza.
¿Cuáles son las nuevas multas y cómo se controla el acceso?
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el texto contempla la instalación de cámaras en los puertos para registrar la entrada de vehículos. Los conductores que accedan a Mallorca sin la autorización correspondiente se enfrentarán a sanciones que oscilan entre los 300 y los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. En los casos más graves, la ley prevé además la inmovilización del vehículo.
La norma también incluye un régimen especial para los coches de alquiler, una de las principales fuentes de presión sobre las carreteras de la isla durante los meses de verano. La limitación de esa flota es uno de los pilares centrales del texto y una de las medidas que más debate ha generado entre las patronales del sector.
Las restricciones a la movilidad que planea implementar el Gobierno
La cantidad de personas por coche en circulación ya es un criterio de restricción en las ZBE para intentar reducir la cantidad de tráfico automovilístico. Sin embargo, una comunidad autónoma de manera individual ha decidido tomar medidas en contra de los vehículos privados para proteger sus carreteras.
Las islas Baleares son uno de los puntos donde la saturación de coches amenaza seriamente a la movilidad. Ibiza y Formentera han comenzado a aplicar una nueva tasa de 1 euro al día para todos los turistas que ingresen con coche a la isla a partir del verano y deberán pagar hasta finales de septiembre. A su vez, se deberá registrar previamente el acceso a la isla antes de viajar.