Murió la ley de alquileres: los propietarios podrán aumentarte el precio del alquiler fuera de contrato

En un cambio significativo en la legislación sobre arrendamientos, la nueva Ley de Vivienda en España permite a los propietarios aplicar incrementos en el precio del alquiler fuera de los límites establecidos en el contrato. 

Aunque la ley limita el aumento de los alquileres al 3% en 2024 para proteger a los inquilinos de subidas desmesuradas, los arrendadores pueden recurrir a ciertos casos para incrementar el precio hasta un 10%, lo que ha generado preocupación entre los inquilinos. A continuación, se explican los detalles que los arrendatarios deben conocer para evitar sorpresas en sus pagos.

¿En qué casos se puede aplicar un aumento del alquiler fuera del contrato?

La ley 12/2023, promulgada el 24 de mayo de 2023, establece que, bajo ciertas condiciones, los propietarios pueden aplicar un incremento adicional sobre el alquiler, incluso fuera de lo estipulado en los contratos. 

Existen tres situaciones específicas en las que esto podría suceder:

La primera se refiere a cuando la propiedad ha sido objeto de rehabilitación en los últimos dos años, lo que permitiría un aumento de hasta el 10% sobre el alquiler actual. 

La segunda excepción aplica cuando el arrendador ha realizado mejoras en la eficiencia energética del inmueble, como una reducción del 30% en el consumo de energía no renovable, lo que también justificaría un aumento en el alquiler. 

Por último, si el contrato se amplía a un período de diez años o más, los arrendadores también pueden aplicar un recargo, aunque esto dependerá de una prórroga voluntaria acordada entre las partes.

¿Cómo afecta esta nueva normativa a los inquilinos y qué pueden hacer para protegerse?

Ante estos cambios, es crucial que los arrendatarios comprendan las nuevas disposiciones legales para poder defender sus derechos. La normativa establece que los incrementos fuera del contrato solo pueden aplicarse en los casos mencionados, y en ningún caso el arrendador podrá superar el porcentaje máximo permitido, que en general no debe exceder el 10%. 

Si un propietario intenta aplicar un aumento fuera de estos límites o sin justificar las excepciones legales, los inquilinos tienen derecho a impugnar el incremento y exigir que se ajuste a lo estipulado por la ley.