La iniciativa, respaldada por los principales partidos, relega a estos servicios a traslados interurbanos con precontratación y reduce en dos tercios las licencias actuales en la capital catalana. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca dar respuesta a la histórica pugna entre el sector del taxi y las VTC. El Parlament de Cataluña ha presentado una proposición de ley que recorta de manera drástica el margen de acción de las plataformas de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber, Cabify y Bolt. Además, la Generalitat plantea excepciones puntuales, como el Mobile World Congress y un calendario de aplicación progresivo hasta 2026. En Barcelona, el ajuste supondría pasar de 900 a unas 300 licencias activas. La propuesta busca establecer un marco más riguroso para el sector del transporte, lo que podría tener implicaciones significativas en la regulación de los servicios de taxi. La iniciativa no se restringe únicamente a las VTC, sino que también endurece las condiciones para el taxi. Entre las novedades, se incluye la exigencia de demostrar un nivel B1 de catalán para obtener la licencia, un requisito que ciertos grupos consideran insuficiente y que podría suscitar un debate en el parlamento. Todos los vehículos de transporte de pasajeros, incluidos taxis y VTC, deberán incorporar sistemas de geolocalización con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma y reforzar el control administrativo. En este marco, el Parlament defiende que la transición será “suave” gracias a la aplicación gradual y al respeto de las licencias vigentes hasta su vencimiento. La expectativa es que la nueva regulación quede totalmente operativa en 2026. Según los impulsores, el modelo se orienta a una “convivencia ordenada”, en la que el taxi mantenga su rol central en la movilidad urbana y los VTC se limiten a un papel complementario. Las organizaciones y empresas de VTC han expresado un rechazo firme. La patronal Unauto VTC ha calificado la propuesta como “antisocial” y “contraria al interés general”, advirtiendo que esta medida podría resultar en el cierre de numerosas empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. La situación actual plantea serias preocupaciones para el sector, dado que las implicaciones de esta propuesta podrían ser devastadoras. La defensa de los intereses de los trabajadores y la estabilidad del mercado laboral son aspectos que requieren atención inmediata.