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El Gobierno de España confirmó oficialmente la reducción de la jornada laboral para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE). A partir de la primera quincena de abril de 2026 entrará en vigor la jornada de 35 horas semanales, tal como se acordó este viernes 27 de marzo con el respaldo unánime de todos los sindicatos representativos: CSIF, CC OO y UGT.
La medida supone pasar de las actuales 37,5 horas semanales a 35 horas de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, lo que equivale a 1.533 horas anuales. Esto representa una reducción de 2,5 horas semanales, es decir, un 7,1 % menos de tiempo de trabajo ordinario.
¿A quién beneficia la reducción laboral?
La nueva jornada laboral beneficiará directamente a aproximadamente 250.000 funcionarios (246.000 según los últimos datos oficiales) de la Administración central.
Incluye a todos los colectivos estatales sin excepción inicial, aunque para prisiones, sanidad y educación de Ceuta y Melilla se negociarán los detalles específicos de implementación.
La reacción de los sindicatos ante la histórica medida
Hasta ahora, la mayoría de empleados autonómicos y municipales ya disfrutaban de las 35 horas, lo que generaba un agravio comparativo con los trabajadores del Estado.
Los sindicatos han destacado el carácter histórico del acuerdo: CSIF lo calificó como “un hecho histórico” por el volumen de empleados públicos que verán mejorada su jornada.
Por su parte, CC OO subrayó la necesidad de adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar el servicio público, mientras que UGT celebró que la medida supone “una mejora directa en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también en el disfrute del tiempo libre, contribuyendo a mejorar el bienestar del personal”.
¿Cuándo se implementará la reducción de la jornada laboral?
De acuerdo a información de EFE, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, fue claro: “En la primera quincena del mes de abril pondremos en marcha la jornada de 35 horas en la AGE”.
El pacto se firmó en la mesa de negociación de la Administración General del Estado este viernes 27 de marzo de 2026. De esta manera, el Gobierno se comprometió a impulsar en un plazo máximo de 15 días todas las iniciativas normativas y organizativas necesarias para su aplicación efectiva a mediados de abril como muy tarde.
Esta reducción de jornada no es improvisada, ya que formaba parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI de 2022 y se recuperó en el acuerdo salarial de noviembre en el que participó CSIF. El Ejecutivo confía en que la aplicación ordenada y consensuada con los sindicatos mejore el bienestar laboral y la calidad del servicio público.