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Una mujer de Asturias utilizó durante años el dinero que la Seguridad Social ingresaba en la cuenta de su abuela, pese a que la pensionista había muerto en 1988. La pensión de viudedad siguió llegando porque ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ni el banco conocieron el fallecimiento hasta diciembre de 2019.
El caso llegó al Tribunal Supremo, que terminó condenando a la nieta a dos años de prisión por fraude de subvenciones y al pago de 29.658 euros al INSS. La mujer había sido absuelta tanto por la Audiencia Provincial de Asturias como por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
La pensión siguió llegando después de la muerte
La abuela tenía una cuenta bancaria en la que también figuraba como cotitular su hija, madre de la condenada. En esa cuenta se ingresaba todos los meses la pensión de viudedad.
La titular murió el 27 de diciembre de 1988, pero los pagos no se detuvieron. Su hija falleció en agosto de 2013 y la cuenta continuó activa. El INSS y BBVA no tuvieron constancia de que la pensionista había muerto hasta diciembre de 2019.
A partir de agosto de 2013, la nieta comenzó a disponer del dinero que llegaba a la cuenta. Según los hechos probados recogidos por el Supremo, sabía que los ingresos procedían exclusivamente de la pensión de su abuela y realizó reintegros, transferencias, pagos con tarjeta y domiciliaciones de recibos.
En total, entre agosto de 2013 y diciembre de 2019 se ingresaron 61.834,46 euros en concepto de pensiones. La cuenta no fue cancelada hasta mayo de 2021.
¿Por qué la mujer había sido absuelta?
El caso había tenido un recorrido judicial distinto antes de llegar al Supremo. La Audiencia Provincial de Asturias absolvió a la mujer al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios para condenarla por fraude.
El tribunal tuvo en cuenta un elemento clave: ni el INSS ni la entidad bancaria habían realizado controles para comprobar que la titular de la pensión seguía viva durante todo ese periodo. La entidad financiera tampoco detectó el fallecimiento hasta años después.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó la absolución después de estudiar los recursos presentados contra esa decisión. La Seguridad Social decidió entonces recurrir ante el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Penal del alto tribunal adoptó finalmente una postura distinta. Los magistrados consideraron que la falta de control del INSS y del banco podía explicar que los pagos continuaran, pero no convertía en legítimo el dinero que la nieta sabía que procedía de una pensionista fallecida.
El Supremo condenó a la nieta a dos años de cárcel
El Tribunal Supremo estimó el recurso de la Seguridad Social y dictó una condena de dos años de prisión por fraude de subvenciones.
Además de la pena de cárcel, la mujer no podrá recibir subvenciones ni disfrutar de determinados beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
El alto tribunal consideró probado que la mujer no comunicó el fallecimiento de su abuela y continuó utilizando el dinero, pese a saber que procedía exclusivamente de la pensión. La sentencia señala además que la normativa obliga a comunicar la muerte del pensionista y a dejar de cobrar una prestación cuando desaparece el derecho a percibirla.
Durante el periodo analizado, el banco llegó a reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social 39.176,22 euros, correspondientes a las mensualidades ingresadas entre enero de 2016 y diciembre de 2019.
La sentencia fija en 29.658 euros la cantidad que debe pagar la condenada al INSS en concepto de responsabilidad civil. La resolución también deja abierta la posibilidad de que la Seguridad Social reclame por la vía civil las cantidades que correspondan.
Cabe aclarar que, si bien la sentencia fija en 29.658 euros la cantidad que la mujer debe devolver al INSS, las cifras de ingresos y reintegros que aparecen en el propio fallo no permiten reproducir exactamente ese importe.