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El juez Juan Carlos Peinado comenzó pasadas las siete de la tarde de este martes la audiencia preliminar de cara al futuro juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, y su asesora, Cristina Álvarez. La vista, que estaba prevista inicialmente para las 18:00, se retrasó después de que el magistrado aceptara la solicitud del abogado de Gómez, Jaime Campaner.
Durante la audiencia, las partes se pronunciarán a favor o en contra de la apertura de juicio oral contra las dos investigadas. Tras esta instancia, Peinado tiene previsto dictar el auto de apertura de juicio con jurado y concluir así la fase de instrucción antes de elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid.
La audiencia preliminar duró apenas media hora. La Fiscalía y las defensas solicitaron el archivo del proceso, mientras que la acusación popular que coordina Hazte Oír sostuvo que Gómez y Álvarez deben ser juzgadas por tráfico de influencias y malversación.
A diferencia de la anterior audiencia preliminar, que fue anulada después de que la Audiencia Provincial ordenara retrotraer las actuaciones, en esta ocasión las acusaciones populares no solicitaron medidas cautelares contra las dos investigadas. En la anterior vista, el juez había retirado sus pasaportes, una medida que posteriormente fue revocada por la Audiencia.
¿Por qué se retrasó el comienzo de la audiencia?
La audiencia estaba fijada para las seis de la tarde, pero Campaner comunicó este martes al juzgado que finalmente podría asistir después de que se suspendiera el señalamiento judicial que tenía previsto en Barcelona. El abogado reside en Palma de Mallorca y explicó que podía viajar hasta Madrid, aunque su llegada estaba prevista para las 17:50.
Por ese motivo, solicitó que la audiencia comenzara al menos 45 minutos más tarde. Peinado aceptó la petición y la vista comenzó pasadas las 19:15. El magistrado había advertido previamente que, si la presencia de alguno de los abogados resultaba imprescindible, debería buscarse otra fecha, debido a que tiene vacaciones previstas entre el 9 y el 18 de septiembre.
El otro abogado defensor, José María de Pablo, también había pedido aplazar la audiencia debido a que Cristina Álvarez se encuentra de vacaciones y no regresará hasta el 28 de septiembre. La defensa sostiene que, aunque la presencia de la investigada no es obligatoria, ella quiere asistir a la audiencia en ejercicio de sus derechos.
Durante la vista, la defensa de Begoña Gómez pidió el archivo del proceso y cuestionó el escrito presentado por Hazte Oír, la única acusación que solicita la apertura del juicio oral.
Según la representación de Gómez, el escrito presenta “graves defectos insubsanables” porque incluye referencias a atestados policiales y declaraciones realizadas durante la fase de instrucción.
La defensa sostuvo que esa irregularidad resulta especialmente relevante porque se trata de un procedimiento ante un jurado popular. Según su argumento, la ley busca impedir que elementos de la investigación accedan al juicio y puedan condicionar al jurado, por lo que consideró que el escrito de Hazte Oír resulta “irremediablemente ineficaz”.
El abogado de Cristina Álvarez también pidió el archivo, en línea con la posición de la defensa de Gómez, mientras que la Fiscalía se ratificó en sus escritos anteriores y solicitó igualmente el cierre del procedimiento. La Universidad Complutense, considerada perjudicada en la causa y que reclama una indemnización, también mantuvo su postura ante el juez.
¿Qué puede ocurrir ahora con Begoña Gómez y Cristina Álvarez?
Begoña Gómez se enfrenta previsiblemente a un juicio por presunto tráfico de influencias y malversación, mientras que su asesora está acusada por un presunto delito de malversación. La Audiencia Provincial de Madrid avaló en julio que ambas fueran juzgadas por un tribunal del jurado, aunque archivó las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida que también contemplaba el juez instructor.
Ni Gómez ni Álvarez asisten a la audiencia preliminar, ya que Peinado no consideró necesaria su presencia. Sus defensas solicitan la absolución y coinciden con la Fiscalía, que sostiene que no existe delito. En sentido contrario, la acusación popular liderada por Hazte Oír reclama 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez.
Hazte Oír, que coordina las acusaciones populares, insistió en que existen indicios “sobradamente suficientes” para llevar a juicio a Gómez y Álvarez. La organización mantiene su petición de 13 años de prisión para Gómez y seis años para su asesora.
En cambio, el abogado de Manos Limpias, la acusación que impulsó el inicio de la causa, pidió intervenir antes de la audiencia para exponer una posición diferente. Considera que Cristina Álvarez es inocente y sostiene que el relato de las acusaciones populares presenta “vicios técnicos y fácticos” que podrían poner en riesgo el proceso. El juez rechazó su solicitud de intervención.
El pasado julio, la Audiencia Provincial avaló la propuesta de Peinado para que un jurado popular juzgue a las dos investigadas por los delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque descartó las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El juez tiene previsto avanzar con la apertura del juicio con jurado antes de su jubilación, prevista para el próximo 27 de septiembre, según fuentes jurídicas. Una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, el procedimiento deberá elevarse a la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de fijar la fecha del juicio. Según las fuentes jurídicas citadas por EFE, este tipo de señalamientos suele demorarse entre cuatro y ocho meses.
La celebración de esta audiencia también estuvo marcada por la polémica sobre el escaso margen con el que fue convocada. Peinado la fijó con apenas un día de antelación y las defensas solicitaron su suspensión. La representación de Gómez alegó inicialmente un señalamiento judicial en Barcelona, mientras que la defensa de Álvarez señaló que su clienta se encontraba de vacaciones y tenía posteriormente citas médicas en Miami.
