Adiós a la ocupación ilegal: el Congreso aprueba una ley que permitirá desalojos exprés, ¿cuándo entra en vigor?

La ocupación ilegal de viviendas en España ha sido una preocupación creciente en los últimos años, afectando tanto a propietarios particulares como a comunidades autónomas. Sin embargo, un giro importante se ha producido recientemente en la legislación. 

El Congreso de los Diputados aprobó una reforma crucial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que cambiará el curso de los desalojos y dará lugar a un procedimiento mucho más rápido. 

Esta modificación permitirá que los delitos de usurpación y allanamiento de morada se tramiten en juicios de procedimiento abreviado, acelerando el proceso judicial y estableciendo un plazo máximo de 15 días para juzgar a los "okupas".

De esta manera, los desalojos exprés se convertirán en una realidad para muchas provincias del país, especialmente aquellas donde el fenómeno de la ocupación ilegal es más frecuente.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley "antiokupas" en España?

La nueva reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobada en el Congreso el pasado jueves, y desde entonces, se ha comenzado a generar gran expectación sobre su impacto en las ocupaciones ilegales. 

Tras la aprobación en la Cámara Baja, la reforma debe pasar ahora por el Senado, donde se debatirá durante un plazo de hasta dos meses, aunque este proceso puede ser más corto si se considera urgente. 

La mayoría absoluta del PP en el Senado hace previsible que el texto no sufra modificaciones y que se apruebe tal como fue enviado desde el Congreso. Una vez que el Senado dé su visto bueno, el texto será enviado al Rey para su sanción, promulgación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

A partir de ahí, la reforma entrará en vigor en un plazo de entre 15 y 20 días, marcando el inicio de una nueva era legislativa en cuanto a los desalojos exprés y la lucha contra la ocupación ilegal. Con esta reforma, España se alineará con las prácticas de otros países europeos, que ya gestionan de manera mucho más rápida la ocupación de viviendas.

¿Cómo se gestionarán los desalojos exprés y qué diferencia traerá esta ley?

La gran diferencia que introducirá esta reforma será la velocidad en la que se tramitarán los casos de ocupación ilegal. A día de hoy, los procesos de desalojo en España pueden extenderse entre 4 y 9 meses, lo que supone un problema para muchos propietarios que deben esperar largos periodos para recuperar sus viviendas. 

Sin embargo, con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los casos de usurpación y allanamiento de morada se tramitarán por procedimientos más rápidos, permitiendo que el juicio se celebre en un plazo máximo de 15 días. Este nuevo enfoque representa una medida mucho más ágil y eficiente, que permitirá resolver los casos en menos tiempo y con más garantías para los propietarios.

La reforma también implica que los 'okupas' serán juzgados y desalojados sin tener que esperar largos plazos judiciales, lo que podría reducir significativamente el número de viviendas ocupadas de manera ilegal. 

Este tipo de cambio en la legislación hace que España se acerque a modelos de otros países europeos como Francia o Alemania, donde los desalojos de 'okupas' se gestionan de manera más inmediata. 

En Francia, por ejemplo, el propietario puede denunciar la ocupación de su vivienda y la Policía puede intervenir en un plazo de 48 horas para desalojar a los ocupantes ilegales. En Alemania, el desalojo se produce en 24 horas y las penas pueden ser de hasta un año de prisión, lo que facilita un control más estricto de las ocupaciones ilegales.

Este cambio también tendrá implicaciones en las zonas con más problemas de ocupación ilegal, especialmente en áreas urbanas y costeras, donde los casos de usurpación de viviendas vacías son más frecuentes. Las comunidades autónomas que enfrentan mayores desafíos con la ocupación ilegal, como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, verán cómo los propietarios pueden recuperar más rápidamente sus propiedades, lo que reducirá los conflictos legales que afectan tanto a individuos como a instituciones.