Sin estampar su firma, pero alineándose a los pedidos que le plantearon jueces nacionales y federales de todo el país, la Corte Suprema le trasladó al Consejo de la Magistratura una serie de objeciones contra la nueva Ley de Subrogancias, al tiempo que le sugirió que se aceleren los concursos para cubrir los cargos vacantes y, mientras, se deleguen en las cámaras federales la designación de los magistrados interinos.


Mediante una nota firmada por el secretario Christian Abritta, pero no por los jueces de la Corte, se puso "en conocimiento" del Consejo las "inquietudes transmitidas" por los presidentes de Cámaras en relación con la ley 27.145, que establece el procedimiento para la designación de los subrogantes por parte del Consejo de la Magistratura y que generó controversias luego de que ese cuerpo judicial dispusiera el mes pasado el apartamiento de la Sala I de la Cámara de Casación del juez Luis María Cabral y nombrara en su lugar al abogado Claudio Vázquez, vinculado al oficialismo. La decisión se produjo horas antes de que Cabral decidiera sobre la constitucionalidad, o no, del memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA de 1994.


El escrito, de poco menos de cuatro páginas, advierte sobre contradicciones entre esa ley y en relación a la posibilidad de que se reciban dos listas de conjueces diferentes para un mismo juzgado, que se originen "demoras sustanciales en los procesos", e incluso que los juzgados vacantes efectivamente sean ocupados por reemplazos.


La carta también alerta que "las listas de conjueces en muchos casos no contemplan las necesidades de las jurisdicciones" y que "están integradas por abogados que residen en jurisdicciones alejadas a la sede del tribunal". También describe que existen situaciones de conjueces "que han actuado en causas judiciales en trámite".


La decisión de la Corte de enviar la carta al Consejo representa un gesto político, teniendo en cuenta que muy probablemente deba resolver sobre la constitucionalidad de la Ley 27.145, objetada por la Cámara Federal porteña, que declaró inconstitucionales dos de sus artículos centrales. La norma también tuvo reveses en la justicia platense, y en el fuero contencioso administrativo hay múltiples demandas por resolver en torno a su constitucionalidad.


El caso más emblemático en que se utilizó la Ley es el de Cabral. Ayer, la jueza en lo Contencioso María Alejandra Biotti solicitó al Gobierno que presente un informe explicando los motivos por los cuales el Consejo de la Magistratura apartó al magistrado, que subrogaba en Casación. La decisión de Biotti se dio en el marco de una acción de amparo presentada por el abogado Luis Rizzi, en la que había pedido la nulidad de lo actuado por el Consejo.


El pedido de informe que debe presentar el Gobierno fue dirigido al Ministerio de Justicia, que tiene la representación legal del Consejo de la Magistratura, y cuenta con cinco días para fundamentar la decisión de no validar la continuidad de Cabral como juez subrogante ante la Cámara de Casación.