La recuperación que mostraron las transferencias automáticas a las provincias en mayo constituyó una señal positiva después de varios meses de caída, pero difícilmente alcance para modificar el panorama fiscal que enfrentan los gobiernos subnacionales durante 2026.
Si bien la coparticipación y otros envíos automáticos crecieron 8,2% interanual en términos reales durante el mes, la mejora convive con una reducción de las transferencias discrecionales y con un nivel de recursos que continúa por debajo de los registros observados en años anteriores.
El dato de mayo marcó un quiebre respecto de la tendencia que venían exhibiendo las transferencias automáticas desde comienzos de año. Sin embargo, buena parte de esa mejora responde a factores estacionales vinculados al Impuesto a las Ganancias. Durante mayo se concentran los vencimientos para la presentación de declaraciones juradas y el pago de saldos por parte de empresas con cierre de ejercicio en diciembre, un fenómeno que históricamente genera un salto en la recaudación coparticipable.
Por esa razón, el repunte del último mes no necesariamente anticipa un cambio de tendencia permanente.
De hecho, cuando se amplía la mirada al acumulado de los primeros cinco meses del año, la situación sigue siendo poco favorable. Las transferencias automáticas muestran una caída real de 2,5% respecto del mismo período de 2025 y se ubican entre los niveles más bajos de los últimos seis años. Esto refleja una recuperación económica que todavía no logra consolidarse plenamente y una composición de la actividad en la que ganan participación sectores vinculados a las exportaciones, cuya expansión tiene menor impacto sobre los tributos que integran la masa coparticipable.
A este cuadro se suma el derrumbe de las transferencias discrecionales. Los envíos corrientes y de capital desde la Nación a las provincias cayeron 71% interanual en mayo y acumulan una reducción superior al 55% en lo que va del año. Como consecuencia, las transferencias totales hacia las jurisdicciones provinciales registran una baja real de 4,8% en el acumulado enero-mayo.
La reducción de recursos alcanza a la mayoría de las provincias. Entre las más afectadas aparecen Santa Cruz, La Rioja, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, mientras que sólo La Pampa y Misiones logran exhibir mejoras en los envíos totales recibidos desde la Nación. La situación resulta especialmente compleja porque los recursos propios tampoco muestran una expansión suficiente para compensar la caída de los fondos nacionales.
En promedio, la recaudación tributaria provincial crece apenas 0,6% real en los primeros meses de 2026, aunque detrás de ese dato agregado existen diferencias importantes. Entre Ríos, Neuquén y San Juan aparecen entre las jurisdicciones con mejor desempeño, mientras que Misiones y La Rioja registran fuertes retrocesos. En el caso neuquino, además, los ingresos por regalías hidrocarburíferas aportan un impulso adicional que explica buena parte de la mejora observada en sus cuentas.
Al combinar la evolución de las transferencias nacionales con los recursos propios, el resultado es una caída cercana al 2,6% real en los ingresos provinciales totales durante los primeros cinco meses del año. Sólo Neuquén, Entre Ríos y La Pampa logran escapar a esa tendencia. En el otro extremo se ubican la Ciudad de Buenos Aires, Misiones y La Rioja, que muestran las mayores pérdidas de recursos. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe también registran retrocesos, aunque más moderados.
El deterioro de los ingresos adquiere mayor relevancia si se considera la dinámica reciente del gasto público provincial. Luego del fuerte ajuste realizado en 2024, las provincias expandieron sus gastos un 7,4% real durante 2025, revirtiendo parcialmente el esfuerzo fiscal realizado el año anterior. Mientras el sector público nacional profundizaba su proceso de consolidación, las jurisdicciones provinciales avanzaban en sentido contrario, lo que terminó erosionando la posición fiscal alcanzada tras el ajuste inicial.
Según las estimaciones del informe, el consolidado provincial cerró 2025 con un déficit financiero equivalente a 0,4% del PIB, luego de haber mostrado un leve superávit en 2024. Quince provincias habrían terminado el año con resultado negativo. Los mayores desequilibrios se observan en Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut y Chaco, aunque también finalizaron con déficit jurisdicciones de gran peso relativo como Buenos Aires, Mendoza, CABA y Santa Fe.
Algunas provincias conservaron márgenes fiscales positivos. Jujuy encabeza ese grupo con el mayor superávit financiero, seguida por Santiago del Estero y San Luis. A nivel regional, el NOA aparece como la única región con saldo agregado favorable, mientras que la Patagonia exhibe el mayor deterioro, afectada por los resultados negativos de casi todas sus jurisdicciones, con excepción de Neuquén.
La evolución de los ingresos durante 2026 permite además identificar cuáles son las provincias que enfrentan mayores niveles de estrés fiscal. Tierra del Fuego, Chaco y Santa Cruz combinan una situación corriente frágil heredada de 2025 con una caída de recursos en los primeros meses del año. Neuquén representa el caso opuesto: parte de una posición relativamente sólida y además mejora sus ingresos. Buenos Aires, en tanto, aparece en una zona intermedia, con una leve caída de recursos y un margen fiscal reducido.
Las simulaciones realizadas por IERAL muestran que, si durante el primer semestre de 2026 las provincias mantuvieran constante el nivel real de gasto observado un año atrás, el consolidado pasaría de un superávit equivalente al 1% del gasto total a un déficit cercano al 2%. En ese escenario, Tierra del Fuego profundizaría su rojo financiero, Chaco ampliaría sus desequilibrios y Buenos Aires incrementaría su déficit. Al mismo tiempo, provincias que habían logrado cerrar el primer semestre de 2025 con superávit, como Misiones, Río Negro, Formosa y La Rioja, pasarían a terreno negativo.
El estudio concluye que la mejora registrada en mayo representa un alivio transitorio, pero no modifica los desafíos estructurales que enfrentan las finanzas provinciales. La caída de las transferencias discrecionales, la debilidad de los recursos asociados al mercado interno y la expansión del gasto observada durante 2025 conforman una combinación que vuelve más vulnerable a la mayoría de las jurisdicciones.