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El Congreso no logra insistir con la sanción de una ley vetada por el Poder Ejecutivo desde hace 22 años, pero esa racha está a punto de quebrarse. En los próximos días, el Senado se encamina a rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y, de ese modo, dejarla firme pese a la resistencia del gobierno de Javier Milei.
La última vez que el Parlamento anuló un veto total fue el 12 de marzo de 2003, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, quien había asumido tras la crisis institucional de diciembre de 2001. En esa ocasión, el Congreso rechazó la decisión de Duhalde de bloquear la reducción de aranceles para la importación de azúcar, medida que finalmente se promulgó en abril de ese año.
De acuerdo a la Constitución Nacional, el Presidente tiene la facultad de vetar total o parcialmente una ley, pero el Congreso puede insistir con su sanción si logra reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Esa exigencia, que parecía inalcanzable fue superada en Diputados, donde la emergencia en discapacidad se ratificó por 172 votos afirmativos, superando los dos tercios requeridos.
Ahora, todas las miradas están puestas en el Senado, donde aún no se puso fecha a la sesión. Allí, el oficialismo corre con menos margen: no tiene la cantidad de bancas necesarias para bloquear la iniciativa y la oposición logró, en la sanción original, una mayoría que alcanzaría para insistir con la ley. Si la Cámara alta ratifica el rechazo al veto, Milei sufrirá la primera derrota de este tipo desde que asumió y el Congreso pondrá fin a un invicto de más de dos décadas.
La norma en cuestión actualiza valores de prestaciones y pensiones vinculadas a la discapacidad, un reclamo histórico de organizaciones sociales, familias y prestadores.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida puede implicar un costo fiscal de entre 0,25% y 0,45% del PBI, aunque con variables difíciles de estimar. Ese fue uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar el veto, bajo la premisa del "equilibrio fiscal innegociable".
La insistencia del Congreso en este caso podría marcar un precedente. Otra norma que corre riesgo de veto presidencial es la ley que declara la emergencia del Hospital Garrahan, también aprobada con más de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado. De repetirse el esquema, Milei podría enfrentar una cadena de derrotas parlamentarias en un terreno que desde 2003 ningún presidente había perdido.
Desde que asumió, Milei ya vetó seis leyes: dos veces la fórmula de aumento jubilatorio, la moratoria previsional, el incremento del presupuesto universitario, la emergencia en discapacidad y la ayuda a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca. Hasta ahora, solo consiguió blindar los vetos vinculados a las jubilaciones, donde el oficialismo y sus aliados lograron el tercio de votos necesario para evitar que la oposición insistiera.
En la historia reciente, el presidente que más derrotas acumuló en este terreno fue Duhalde, que en su corto mandato vetó 13 leyes y vio cómo siete de ellas se transformaron en norma igualmente. Menem, en cambio, fue el que más vetos totales firmó (95), aunque solo 18 fueron revertidos por el Congreso.
Alfonsín lo hizo 37 veces, Néstor Kirchner 13, mientras que Cristina Kirchner firmó apenas tres vetos totales en ocho años, incluido el de la ley jubilatoria del 82% móvil. Mauricio Macri, sin mayorías legislativas, aplicó cinco vetos totales que no fueron revertidos. Y Alberto Fernández fue el único que no vetó ninguna ley en forma total.
La votación en el Senado será, por lo tanto, un test político clave. Si la oposición logra mantener unida la mayoría calificada que consiguió en Diputados, Milei sufrirá un golpe institucional de alto impacto.
La vía judicial
El pasado lunes 18 de agosto, el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, declaró inválido el veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras un amparo presentado por los padres de dos niños con Certificado Único de Discapacidad.
El planteo cuestionaba el Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había observado totalmente la norma sancionada por el Congreso. El magistrado fundamentó su decisión en la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho autónomo al cuidado y subrayó la obligación estatal de garantizar protección reforzada a personas en situación de vulnerabilidad.
González Charvay sostuvo que el veto deteriora servicios y prestaciones esenciales de salud, dejando a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en una situación de "doble vulnerabilidad", lo que configura un caso de discriminación y un incumplimiento de compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la Argentina.
