Para contrarrestar la parálisis de la actividad económica y el súbito desplome de los ingresos de las empresas y de los hogares, el Gobierno lanzó en su momento planes de asistencia.
Para los sectores más afectados la ANSeS pagó la mitad de los salarios de los empleados en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), mientras que para los cuentapropistas de menor facturación, los desocupados y los trabajadores informales se otorgó un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000, que terminó teniendo cuatro ediciones bimestrales. También hubo financiamiento a tasa cero para autónomos y monotributistas de $ 150.000 cada uno.
No obstante, el comité económico dispuso fuertes restricciones a las empresas beneficiarias de los subsidios para el pago de sueldos. Para las más grandes, prohibió hasta inicios de 2023 la recompra de acciones, la distribución de dividendos, la operación de dólares MEP y CCL y las transferencias a países considerados paraísos fiscales. Para las de menos de 800 trabajadores, la restricción dura hasta fin de 2021.
La asistencia totalizó hasta octubre, último mes que sostuvo el elevado nivel de las partidas, cerca de $ 940.000 millones (3,5% del PBI), donde el gasto social (como el IFE) y las transferencias a privados (como las asignaciones del ATP) explicaron cerca del 70%, con sumas por $ 359.392 millones y $ 334.357 millones, respectivamente. Los giros a las provincias también fueron abultados al comienzo del aislamiento.
En tanto, el Estado resignó la percepción de 0,4% del PBI en concepto de las bonificaciones por el pago de contribuciones de seguridad social que preveía el ATP. Además, puso a disposición garantías por 2% del PBI para préstamos subsidiados a empresas, pero que no tuvieron impacto presupuestario.
