El Gobierno nacional apeló este jueves el fallo judicial que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, en un contexto de fuerte tensión política luego de que la Cámara de Diputados rechazara un capítulo del Presupuesto 2026 que buscaba derogar definitivamente esa norma.
La apelación fue presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación contra la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la ejecución de la ley pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial y ordenado su promulgación obligatoria.
El recurso fue concedido “con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo seguirá vigente mientras la causa es analizada por la Cámara Federal de San Martín. De este modo, la orden judicial de aplicar la ley continúa en plena vigencia, aunque el Estado cuenta con un plazo de cinco días para fundamentar formalmente su apelación.
En su resolución, González Charvay sostuvo que el Ejecutivo incurrió en una “violación manifiesta de la división de poderes” al suspender por decreto una ley plenamente vigente, calificando la medida como un “veto encubierto” incompatible con el régimen constitucional. Además, consideró engañoso el argumento presupuestario esgrimido por el Gobierno, al señalar que la propia ley faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para su financiamiento.
La decisión judicial tuvo un alcance colectivo, al extender sus efectos a todas las personas con discapacidad y a los prestadores del sistema, en un escenario que el magistrado describió como de colapso, con aranceles desactualizados, demoras en los pagos y cierre de instituciones.
La apelación se produce en paralelo a un revés político para el oficialismo en el Congreso. Este miércoles, la oposición logró rechazar en Diputados el artículo del proyecto de Presupuesto 2026 que proponía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada con amplia mayoría.
Ahora, mientras la Casa Rosada apuesta a revertir el escenario legislativo en el Senado, la disputa se traslada al plano judicial. La Cámara Federal de San Martín deberá definir si convalida el fallo que ordena ejecutar de inmediato la ley.
