Los trabajadores de Vialidad Nacional realizaron este martes un amparo para declarar inconstitucional el decreto que cerró el organismo. En este sentido, desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines aseguraron que la medida de Federico Sturzenegger es inconstitucional.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció la disolución de Vialidad Nacional en el último día de las facultades delegadas, por lo que el organismo que tenía a su cargo el mantenimiento de las rutas nacionales en todo el país dejará de existir.

En una conferencia en Casa Rosada, el ministro junto al vocero presidencial Manuel Adorni informaron que se disolverá la Comisión de Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En paralelo, los funcionarios comunicaron que se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad fiscalizadora de concesiones viales. Y el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas "degradas como nunca antes en la historia del país".

Adorni justificó la decisión de disolver Vialidad Nacional a partir de su vinculación con el "caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros tres gobiernos kirchneristas".

El fin de Vialidad Nacional es opuesto no sólo por los trabajadores del organismo, sino también por un sinfín de gobernadores, que ven como clave la obra pública para poder movilizar su producción.

Gobernadores como Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba y Alberto Weretilneck de Río Negro demandaron al Estado Nacional y a Vialidad Nacional por la suspensión de obras en sus distritos.

"La declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25", reza el texto que entregó la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, a la justicia.

En este sentido, para el sindicato la acción judicial de la que se valió Javier Milei concluye en "la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública".

El expediente quedó radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de la Dra. Marta Rey, como Expte. Nº 27.651/2025.

"Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos, tratándose de obras y servicios que son parte sustantiva de los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos por el art. 42 de la C.N.", indica el comunicado de prensa del gremio.

Entre los principales fundamentos están la prisa con la que Sturzenegger impuso el desguace del aparato estatal.

"Genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT, cuyas disposiciones, así como las resoluciones tuitivas de estos derechos humanos, se invocan y desarrollan extensamente en la reclamación judicial", señala el documento.

Además, Aleñá argumentó que "la seguidilla in crescendo de accidentes viales a consecuencia del abandono constituye un toque de alarma para la vida de los argentinos".

Desde el gremio aseguraron que hubo un crecimiento de accidentes viales por la falta de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial que abarca a todo el país.

"Constituye un toque de alarma para la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como para la integridad de los medios de transporte, y las mercancías producto de las economías regionales, para el consumo interno y la exportación a terceros países", aseguraron.

Para los trabajadores de Vialidad Nacional, se trata de un avance en la tarea de destruir el Estado Nación, con la pérdida de empleos y el favorecimiento a las importaciones que antes provenía de la industria nacional

Finalmente, el amparo es una acción que "se les recuerda a los jueces del Poder Judicial de la Nación, que su deber primero es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 C.N. y art. 3º, Ley 27), a través del control de legalidad y razonabilidad de las normas y actos que emanan de los otros poderes que conforman el Gobierno Federal", concluyeron.