Ni bien comenzado, diciembre promete ser -otra vez- un mes de constante movilización política y social. Este jueves, desde las 11, cientos de militantes de organizaciones sociales marchan desde el Obelisco al Congreso para ponerle presión a la agenda parlamentaria que impulsa el oficialismo y que requiere del aval de la oposición para ponerse a andar.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y otras organizaciones que políticamente se identifican con el Gobierno coparán las calles del macrocentro para reclamar el tratamiento de "seis leyes por tierra, techo y trabajo".
Las organizaciones reclaman el pronto tratamiento de la Ley de Envases, que pretende mediante el cobro de una tasa ambiental de hasta el 3% financiar la formalización del trabajo de recuperadores urbanos. También, exigen la Ley de Acceso a la Tierra para facilitar el otorgamiento de créditos para agricultores familiares, promover el reordenamiento del uso de tierras fiscales rurales y proteger los cinturones verdes periurbanos
En su petitorio, las "orgas" incluyen una Ley para Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo, que apunta a censar a la población sin hogar y desarrollar una red de centros de integración. A lo dicho, suman la Prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que ya ocurrió por decreto simple del Presidente.
El pliego de reclamos se concluye con una Ley de Tierra, Techo y Trabajo para la creación de tres millones de puestos de trabajo, y la denominada Ley "Bety Quispe", que apunta a crear la figura de promotores territoriales de género y diversidad, como parte de los equipos de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) de CABA.
La agenda social que impulsan las entidades que se movilizarán no encontró suficiente eco en el Gobierno. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente Alberto Fernández discutieron esta semana los planes del oficialismo para diciembre, con otras prioridades.
El Gobierno buscará aprobar el Presupuesto 2022 y el Programa Plurianual de Sostenibilidad, que dará garantías de reducción del déficit fiscal al Fondo Monetario Internacional (FMI), y aspira, además, a sancionar una batería de proyectos de corte económico.
