La Corte Suprema de Justicia revocó ayer en su acuerdo semanal un fallo de la Cámara de Casación Penal que había puesto al borde de la prescripción a cientos de causas, entre ellas muchas de delitos económicos y corrupción de funcionarios públicos, que tramitan desde antes de 2005. El máximo tribunal revocó por arbitraria una interpretación de la Sala IV de la Cámara de Casación, que consideró que el único hecho que interrumpía la prescripción de una causa era el dictado de una sentencia. En consecuencia, todos los expedientes que no hubieran tenido un fallo, iniciados antes de 2005, quedaban virtualmente prescriptos por el paso del tiempo, independientemente de cuál fuera el delito y sus imputados. Por ejemplo, explicaron en la Corte, el juicio por las presuntas coimas en el Senado o la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia jamás hubieran llegado a juicio oral de avalarse ese fallo de Casación. Reunida en pleno ayer, la Corte dejó sin efecto aquel criterio y mantuvo abierta la investigación por una supuesta defraudación en la venta de la cadena de supermercados Norte al Exxel Group en 2001. El fallo fue respaldado por las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Curiosamente, ninguno de los tres especialistas en Derecho Penal del máximo tribunal, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Enrique Petracchi, respaldaron la decisión de la mayoría. Sin embargo, tampoco se expresaron con votos en disidencia. La Corte anuló el fallo tras considerar que la interpretación dada por Casación sustituye la voluntad del legislador y añadió que la cuestión en debate excede el interés individual de las partes y se proyecta a numerosas causas que, iniciadas con anterioridad a 2005, se encontrarían próximas a sucumbir por extinción de la acción y los trastornos de tales implicancias en el marco de la administración de justicia penal producirían un serio déficit en la regularidad y estabilidad en los procedimientos y en la seguridad jurídica, sostuvieron los jueces. El máximo tribunal también anunció ayer un aumento salarial del 10% para todo el Poder Judicial, que empezará a regir en retroactivo partir del 1º de marzo de este año. Según la acordada que firmó este martes el Tribunal, se trata de un incremento remunerativo y bonificable para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación. Los aumentos fueron otorgados luego de que la Jefatura de Gabinete de Ministros habilitara las partidas presupuestarias solicitadas, y anunciados a dos días del paro general previsto por la CGT Azopardo y al que adherirá la Unión de Empleados Judiciales de la Nación que lidera el sindicalista Julio Piumato.