Un juez desalojó un vacunatorio público y se lo devolvió a un fondo investigado en la Justicia

Fue un edificio emblemático de las campañas de vacunación durante la pandemia de Covid 19 y hasta ayer era utilizado como parte de las dependencias municipales, pero el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, decidió ayer dar por terminada la cesión del predio y devolverlo a sus propietarios que aún se encuentran investigados en la Justicia por causas de diverso calibre. 

Ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana se distinguía a la distancia por su particular ornamentación celeste y blanca, y había sido escenario de múltiples actos para anunciar tanto la llegada de las vacunas contra el coronavirus, como para ir dando cuenta de los diversos hitos de la campaña sanitaria. 

Ese lugar había sido originalmente parte de un proyecto inmobiliario ideado en 2007 para armar una ciudad VIP que incluía la instalación de viviendas de lujo, la sede de una universidad privada y hasta una estación ferroviaria que conectaría el lugar con Retiro a través de un servicio diferencial. 

El proyecto sufrió diversos traspiés y sus titulares fueron investigados en la Justicia en el marco de causas de lavado de activos de fondos que podrían haber provenido del comercio de estupefacientes. Ya para 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, el plan estaba al borde de perecer y el Ministerio de Transporte de aquel entonces afirmaba que no autorizaría la construcción de la estación ni del tren vip. 

El golpe de gracia fue una comunicación de la DEA (la agencia estadounidense que investiga al narcotráfico) que alertaba sobre la posible conexión de los dueños del lugar con organizaciones delictivas. Todo se detuvo. Se había convertido en un verdadero "Elefante Blanco".

En marzo de 2020 decretó la intervención de la sociedad y se le encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el manejo. En medio de la pandemia, se entregó el inmueble a la Municipalidad de Pilar para utilizarlo en el marco de la crisis sanitaria.

Con los propietarios investigados, el predio -y el edificio de las cocheras, el único que había avanzado- fueron declarados de utilidad pública y sujeto a expropiación por la Provincia de Buenos Aires, medida que había sido cuestionada judicialmente. Mientras tanto, en ese lugar funcionó hasta ayer el vacunatorio del municipio de Pilar y una sede de licencias de conducir. 

En septiembre de 2023, Martínez de Giorgi ya había dispuesto levantar la inhibición de bienes a la sociedad y, ahora, la restitución del predio al propietario (un fondo llamado Pilar Bicentenario) fue una de las primeras medidas adoptadas tras una licencia que lo había mantenido alejado de su juzgado. Ayer, la novedad fue comunicada por una patrulla de la Prefectura Nacional.

Tras el desalojo, señala la prensa local, quedaron en el lugar las vacunas y medicamentos además de información sensible de las áreas de Salud y de registros.