

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que se convocará a sesiones extraordinarias a partir de la segunda quincena de enero. Lo hizo esta mañana, en su habitual conferencia de prensa de los jueves.
"Será en la segunda quincena de enero, la semana que viene va a estar saliendo la convocatoria", confirmó Cerruti.
Se prevé que para esa fecha comience a tratarse, entre otros proyectos, el pedido de juicio político para los cuatro miembros de la Corte Suprema.
"El Presidente y los gobernadores tomaron la decisión histórica de impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación, donde la Corte interviene sobre el accionar de otros poderes violando la Constitución". Con estas palabras, la exdiputada puso en marcha su habitual conferencia de prensa de los jueves.
Puntualmente, apuntó contra el Máximo Tribunal haya decidido sobre la composición del Consejo de la Magistratura y sobre el fallo que ordenó al Gobierno a restituirle parte de los fondos de coparticipación a la CABA.
Sobre este tema, la portavoz del presidente Alberto Fernández fundamentó que "la Corte Suprema es arbitraria y complica con sus fallos la vida de la gente". Además, destacó que "la mayoría de los mandatarios" provinciales respalda la iniciativa.
Dicho esto, la portavoz de la Presidencia aseguró que "el Gobierno intentará sumar voluntades en en la Cámara de Diputados para logar que avance" el juicio político. Al menos hoy, el Frente de Todos está lejos de sumar los dos tercios de los votos que se requieren en cada Cámara para que el proceso prospere.
Qué proyectos se tratarán en extraordinarias
Además del pedido de juicio político a los cuatro supremos, el oficialismo seguramente incluirá en el temario la ley que busca fomentar las inversiones en el sector agroindustrial junto con un blanqueo de capitales que prepara el ministro de Economía, Sergio Massa.
El decreto también contemplaría una iniciativa para compensar los fondos que Nación deberá destinarle a la CABA tras el fallo de la Corte Suprema, junto con una normativa que apunte a atraer inversiones para la explotación del GNL.
Además, Presidencia habilitaría el debate delplan de pago de deuda previsional que ya cuenta con la aprobación del Senado. Sin su sanción, tal como afirmó Moreau en sus redes sociales, en las últimas horas, "casi 800 mil personas verán reducidas al mínimo sus jubilaciones desde el 1 de enero".












