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La Corte Suprema de Justiciadeclaró hoy inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.
Por unanimidad, el máximo tribunal definió, quince años después, que la composición no respeta el "equilibrio" de los sectores que seleccionan, sancionan y remueven magistrados, y dispuso que el Congreso una normativa que lo regule y el Consejo vuelva a integrarse en 20 si la la ley no se sanciona antes de los 120 días corridos.
"Exhortar al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación", dispuso la Corte en el punto dos de la parte resolutiva del fallo.
En cuanto al Consejo, los ministros de la Corte concedieron hasta el 14 de abril del 2022 para que "disponga lo necesario para la integración del órgano" y que convoque a los organismos que representan a abogados, jueces y académicos para que elijan a los nuevos miembros.
"Transcurrido dicho plazo sin que se haya completado la integración mencionada, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos", ordenó el alto tribunal.
Historia del Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona, remueve y eventualmente sanciona a los jueces, fue incorporado a la estructura institucional en la reforma constitucional de 1994.
"El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley", indica la Constitución en el artículo 114.
La Corte entiende que con la actual conformación no se comprueba el "equilibrio" que prescribe la norma constitucional ya que el oficialismo, con sus cuatro representantes del Poder Legislativo más el delegado del Poder Ejecutivo, tienen preeminencia para imponer sus decisiones.
La modificación de 2006 disminuyó el número de miembros del Consejo de 20 a los 13 actuales, reduciendo los representantes de los abogados, los académicos y los científicos.
Ese nuevo equilibrio fue el que objetó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en 2016.
